Juez ordena regreso a EE.UU. de venezolanos deportados. Un juez federal de Estados Unidos ordenó este jueves al Gobierno del presidente Donald Trump facilitar el retorno de decenas de venezolanos deportados a una prisión en El Salvador para que puedan continuar sus casos de inmigración si así lo desean.
La decisión constituye un revés para la política de deportaciones del mandatario estadounidense, que en marzo de 2025 envió a más de 130 venezolanos al Centro de Confinamiento para el Terrorismo (CECOT) bajo la controvertida invocación de la Alien Enemies Act de 1798.
Violación de derechos procesales
El juez James Boasberg, del Tribunal de Distrito de Washington D.C., determinó que el Gobierno violó los derechos constitucionales de debido proceso de los migrantes al deportarlos sin ofrecerles la oportunidad de impugnar su expulsión o de presentar sus casos ante una corte.
Boasberg sostuvo que la situación creada “nunca se habría producido” si las autoridades hubieran respetado esos derechos antes de las deportaciones.
Juez ordena regreso a EE.UU. de venezolanos deportados
La sentencia exige que el Gobierno facilite el regreso de los venezolanos desde terceros países y cubra los costos de viaje para quienes opten por volver a Estados Unidos.
A su llegada, los migrantes serán puestos bajo custodia mientras continúan sus procesos migratorios y podrían enfrentar la deportación de nuevo si sus casos no prosperan.
Boasberg también ordenó al Gobierno presentar un informe sobre cómo piensa transportar a quienes todavía están en Venezuela y desean regresar.
Contexto legal y de deportaciones
La medida se enmarca en una serie de fallos judiciales que han cuestionado el uso de la Alien Enemies Act para deportar a migrantes sin audiencias. En diciembre pasado, otro fallo ya exigió que el Gobierno presentara planes para permitir a los deportados impugnar sus remociones.
La administración Trump ha defendido que las deportaciones se realizaron legalmente, argumentando que los migrantes estaban vinculados a organizaciones criminales, aunque los demandantes aseguran que muchos no tienen antecedentes penales.
Este fallo representa una nueva victoria judicial para los grupos de derechos civiles que han impugnado las deportaciones masivas bajo políticas migratorias agresivas.
Con información de Alberto News
