Valencia, 25 de marzo de 2026-. Jorge Rodríguez aseguró que la amnistía no es para «magnicidas». El jefe del Legislativo respondió a las fuertes críticas que califican la norma de «insuficiente» y «excluyente».
La ley fue una iniciativa clave de la presidenta interina, Delcy Rodríguez, tras los eventos de enero de 2026.
Fue promulgada el pasado 19 de febrero como un gesto para buscar la reconciliación nacional en el país.
Jorge Rodríguez aseguró que la amnistía no es para «magnicidas»
Durante una sesión ordinaria, el diputado fue enfático sobre el alcance real de este beneficio jurídico.
Aseguró que Jorge Rodríguez defiende la ley de amnistía porque no busca liberar a personas vinculadas con delitos graves.
«La ley no se aprobó para liberar magnicidas, asesinos, traficantes de drogas ni corruptos», declaró el parlamentario.
La normativa engloba los 27 años del periodo anterior, pero se limita a 13 eventos específicos de la historia.
Quedan fuera de su aplicación los casos de supuestos golpes de Estado o intentos de magnicidio denunciados previamente.
Esto ha generado malestar en diversos organismos de defensa de los derechos humanos y activistas políticos.
Balance de beneficiarios y solicitudes
Hasta la fecha, se contabilizan 8.084 personas beneficiadas por esta medida según datos del diputado Jorge Arreaza.
Sin embargo, Jorge Rodríguez defiende la ley de amnistía ante la baja participación de figuras políticas en el exterior.
De los 125 políticos fuera del país que podrían aplicar, solo 27 han presentado su solicitud formalmente.
El presidente del Parlamento propuso extender por 30 días la Comisión de Seguimiento de dicha ley.
Es importante recordar que la amnistía no es un proceso automático para los solicitantes en Venezuela.
Cada caso debe ser tramitado y evaluado directamente ante un tribunal de la República para su aprobación.
Críticas por discrecionalidad judicial
Pese a los argumentos oficiales, expertos denuncian que los jueces aplican la norma con criterios muy subjetivos.
El activista Javier Tarazona informó recientemente que la justicia rechazó su solicitud personal de amnistía.
Tarazona, director de la ONG Fundaredes, estuvo cuatro años en prisión antes de recibir libertad condicional.
Tampoco se benefició Perkins Rocha, asesor legal de la premio Nobel de la Paz, María Corina Machado.
Actualmente, la organización Foro Penal contabiliza que unos 500 presos políticos permanecen en las cárceles venezolanas.
