Valencia, 13 de noviembre de 2026-. El CNP volvió a exigir la derogación de la ley contra el odio y rechazó que se impongan multas por considerar que limitaría la labor periodística.
La junta directiva del Colegio Nacional de Periodistas (CNP) ratificó este viernes 13 de noviembre, durante una rueda de prensa en Caracas, su exigencia de derogar de manera íntegra la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, aprobada en el año 2017.
El presidente del CNP, Tinedo Guía, sostuvo que la normativa vigente no admite modificaciones cosméticas ni puntos intermedios, al asegurar que su sola existencia vulnera de forma directa los derechos constitucionales a la libertad de expresión, de opinión y de acceso a la información en Venezuela.
Durante su intervención, Guía advirtió que la propuesta legislativa constituye una «mutación del castigo» y no un avance real hacia el restablecimiento de las libertades democráticas. Explicó que, aunque el borrador plantea suprimir las penas privativas de libertad, mantiene figuras subjetivas y discrecionales como «zozobra», «angustia» u «hostigamiento», las cuales permiten continuar criminalizando la labor informativa y la crítica ciudadana.
El gremio denunció que sustituir las penas de cárcel por sanciones pecuniarias desproporcionadas, bloqueos de portales digitales, retiro forzoso de contenidos y revocatorias de concesiones solo reconfigura los mecanismos de censura, comprometiendo la sostenibilidad económica de los trabajadores de la prensa y la supervivencia de los medios de comunicación independientes.
El CNP volvió a exigir la derogación de la ley contra el odio y rechazó que se impongan multas por considerar que limitaría la labor periodística
Por su parte, la secretaria general del CNP, Delvalle Canelón, presentó un pliego formal de demandas dirigido tanto al Parlamento como al Poder Judicial, solicitando a la Asamblea Nacional la derogación absoluta del texto y al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) la declaratoria de nulidad por inconstitucionalidad.
«Exigimos la libertad plena para todos los ciudadanos y periodistas privados de libertad por el ejercicio de sus derechos, así como el sobreseimiento de las causas abiertas, el levantamiento de medidas cautelares y la eliminación de antecedentes penales derivados de esta ley», expresó la directiva gremial en su pronunciamiento.
En la misma línea, Ayton Monsalve, representante del Instituto de Investigaciones de la Comunicación (Ininco) en la Alianza por la Libertad de Expresión, solicitó la apertura de investigaciones sobre las vulneraciones de derechos humanos cometidas durante los nueve años de aplicación de la norma, así como la reparación integral para todas las víctimas.
La institución gremial abogó por la aplicación exclusiva del marco jurídico ordinario, recordando que el Código Penal venezolano y las leyes especiales vigentes ya contemplan sanciones para la instigación a la violencia y la discriminación, sin necesidad de recurrir a legislaciones punitivas que coartan el debate público.
Alertas jurídicas sobre discrecionalidad y tratados internacionales
El consultor jurídico del CNP, Andrés Raúl Páez, dirigió un llamado a los diputados de la Asamblea Nacional, a los integrantes del Parlamento electo en 2015, al Ejecutivo nacional y a los representantes diplomáticos de Estados Unidos en Venezuela para frenar lo que calificó como un «maquillaje de proyecto de reforma».
Según detalló el jurista, el texto mantiene vacíos legales e imprecisiones que dejan su aplicación a discreción del Ejecutivo, habilitando procedimientos sumarios para imponer multas exorbitantes y revocar permisos operativos a medios, organizaciones no gubernamentales y partidos políticos. Páez advirtió que esta dinámica vulnera más de diez garantías fundamentales, entre ellas el debido proceso, el derecho a la defensa, el principio de tipicidad y la presunción de inocencia.
Asimismo, subrayó que aprobar esta reforma contravendría estándares y pronunciamientos de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la CIDH, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU.
