Valencia, 13 de noviembre de 2026-. Jorge Arreaza planteó que la reforma de la ley contra el odio incorpore sanciones económicas, disculpas públicas y formación para los encargados de aplicarla.
La reforma de la Ley contra el Odio podría incorporar sanciones económicas, disculpas públicas y formación para los funcionarios encargados de aplicarla. Así lo planteó el diputado Jorge Arreaza, integrante de la comisión especial que discute los cambios a esta normativa.
El parlamentario explicó que estas medidas buscan evitar excesos como los registrados durante la aplicación de la ley. También aseguró que todos los artículos que contemplaban penas de prisión fueron derogados de la propuesta actual.
Durante una rueda de prensa, Arreaza defendió la necesidad de establecer mecanismos para abordar los discursos de odio sin recurrir a penas corporales. No obstante, reconoció que estos mensajes pueden tener consecuencias en el ámbito político y social.
«Hay que considerar que el odio en la política existe, que los discursos de odio tienen efectos», afirmó.
Jorge Arreaza planteó que la reforma de la ley contra el odio incorpore sanciones económicas, disculpas públicas y formación para los encargados de aplicarla
El diputado señaló que la comisión ha considerado incorporar criterios internacionales, entre ellos el test de Rabat. Este mecanismo contempla seis elementos para evaluar la gravedad de un discurso de odio.
Entre los aspectos mencionados figuran quién emite el mensaje, el contexto en el que se difunde y su alcance. También se analiza a qué grupos vulnerables podría afectar.
Arreaza destacó que las discusiones sobre la reforma han contado con la participación de distintos sectores políticos y sociales. Según explicó, en las reuniones coinciden diputados del oficialismo y de la oposición, así como estudiantes con posiciones diferentes frente al Gobierno.
El parlamentario calificó ese intercambio como un avance para alcanzar acuerdos sobre el contenido de la normativa.
El diputado defiende reformar la ley en lugar de derogarla
Frente a las solicitudes de organizaciones y sectores de la sociedad civil que exigen eliminar completamente la Ley contra el Odio, Arreaza advirtió sobre las consecuencias de esa decisión.
Algunos de quienes promueven la derogación sostienen que el Código Orgánico Procesal Penal ya contempla penas de tres a seis años para determinados delitos relacionados con la instigación al odio.
Sin embargo, el diputado argumentó que eliminar la normativa también suprimiría herramientas alternativas para sancionar esas conductas, como multas y disculpas públicas.
«Nos quedamos sin una sanción, una multa, una herramienta que podamos utilizar», expresó.
Arreaza agregó que la propuesta busca cambiar el enfoque de la legislación. Incluso señaló que se plantea retirar la palabra «odio» del título por considerarla difusa y compleja de definir.
En su lugar, planteó orientar la normativa hacia la paz, la convivencia democrática y el respeto.
Estudiantes piden eliminar las penas de prisión
El parlamentario también mencionó propuestas del sector estudiantil para modificar el sistema de penalizaciones. Estas iniciativas plantean sustituir las sanciones corporales por medidas que no impliquen privación de libertad.
Arreaza reconoció que durante la aplicación de la ley se produjeron abusos. Además, rechazó que la reforma tenga como propósito censurar a periodistas o limitar la libertad de prensa.
«La libertad de expresión es una libertad que tenemos que defender, pero también la responsabilidad de quien emite una opinión», manifestó.
En ese sentido, sostuvo que las personas deben asumir las consecuencias de sus declaraciones sin que necesariamente enfrenten penas de prisión.
La reforma todavía está en discusión. Arreaza indicó que la segunda parte del debate parlamentario se realizará después de concluir la consulta pública, por lo que los elementos de la propuesta podrían modificarse.
Arreaza habla de reparar a víctimas de la aplicación de la ley
Otro de los puntos abordados fue la posibilidad de reparar a las personas afectadas por la aplicación de la normativa vigente.
El diputado consideró que primero debe determinarse quiénes pueden ser reconocidos como víctimas. Para ello, planteó revisar los casos individualmente, pues sostuvo que algunas personas también habrían recibido protección mediante la legislación.
Como ejemplo, mencionó a alguien que pudiera estar detenido por un estado de WhatsApp y señaló que cada situación requiere evaluación.
Arreaza afirmó que la principal reparación sería evitar que se repitan los problemas registrados con este tipo de leyes.
También recordó los hechos de violencia política de 2017 y aseguró que 80 personas murieron en ese contexto, de las cuales 56 no pertenecían a ninguno de los sectores enfrentados.
