Incautaciones de petroleros por EE. UU. generan altos costos. La administración de Donald Trump ha impulsado la incautación de buques petroleros vinculados a países sancionados, como Venezuela e Irán, con el argumento de frenar el financiamiento del terrorismo y obtener beneficios financieros. Sin embargo, la estrategia ha revelado un alto costo económico para Estados Unidos.
El caso del Motor Tanker Skipper No. 9304667 ejemplifica la carga financiera: incautado el 10 de diciembre con 1,8 millones de barriles de petróleo venezolano, mantener el buque ha costado al gobierno 47 millones de dólares en solo tres meses, mientras que el barco tiene un valor estimado de 10 millones. Se proyectan gastos adicionales de 5 millones de dólares por seguros, tripulación y mantenimiento.
Además, almacenar el petróleo cuesta 15.000 dólares diarios, unos 450.000 dólares mensuales. Gene Patton, funcionario del Departamento de Justicia, indicó que los activos de gran tamaño, como petroleros, requieren tripulaciones 24 horas y sitios de almacenamiento limitados, aumentando los costos en comparación con activos convencionales.
Incautaciones de petroleros por EE. UU. generan altos costos
El valor estimado del crudo incautado asciende a 120-135 millones de dólares, y los fiscales solicitaron autorización judicial para vender el petróleo antes de una decisión final, con los fondos retenidos hasta el fallo.
En operaciones previas, EE. UU. evitaba incautar los barcos, limitándose a extraer solo el crudo más valioso, debido a los elevados costos. No obstante, la administración Trump sostiene que incautar solo el petróleo no siempre es viable legalmente ni operativo, y por ello ha tomado posesión de 10 petroleros, aunque dos de ellos no transportaban crudo, incrementando aún más los gastos.
La Casa Blanca también planea incautar barcos con petróleo iraní, considerando que forman parte de una red global de “petroleros fantasma” que transportan crudo de países sancionados, incluidos Irán, Venezuela y Rusia. El buque Skipper navegaba bajo bandera de Guyana, pero se trataba de una bandera falsa que facilitó su confiscación.
A pesar del costo elevado, funcionarios sostienen que estas acciones buscan responsabilizar a quienes evaden sanciones, afectar financieramente a Irán y desincentivar transacciones con el gobierno de Nicolás Maduro, antes de su intervención.
