Gobierno de Trump ha deportado a 980.000 migrantes en su segundo mandato pero el MPI revela que el 80 % carecía de antecedentes penales desmintiendo la tesis oficial de «lo peor de lo peor». el Gobierno de Donald Trump deportó a unas 980.000 personas desde el inicio de su segundo mandato presidencial.
Un exhaustivo informe publicado este jueves 22 de octubre de 2026 por el Migration Policy Institute (MPI) documentó las consecuencias reales de la estricta política migratoria de la Casa Blanca, apoyándose en registros públicos obtenidos mediante peticiones formales bajo la Ley de Libertad de Información (FOIA).
Dicho estudio desveló una profunda contradicción entre el discurso de seguridad nacional promovido por el Ejecutivo federal y el perfil sociojurídico de los ciudadanos expulsados.
El balance del millón de deportaciones y el ritmo por año fiscal
La investigación académica analizó el período transcurrido entre el 20 de enero de 2025 y el 31 de julio de 2026, revelando el volumen operativo de los cuerpos de seguridad:
- El expresidente asumió el mando en la Casa Blanca con la promesa electoral de ejecutar «la mayor operación de deportación» en la historia norteamericana, fijando una meta de un millón de expulsiones por año.
- El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) completaron en conjunto unas 980.000 deportaciones durante los primeros 18 meses de gestión.
- El cálculo desagregado por año fiscal evidencia un ritmo sostenido de unas 620.000 deportaciones durante 2025 y cerca de 660.000 a lo largo del ejercicio de 2026.
- La CBP ejecutó la devolución directa de unas 340.000 personas interceptadas en las inmediaciones de la frontera con México.
- El ICE asumió la custodia y el procesamiento dentro de suelo estadounidense de otros 340.000 migrantes antes de retornarlos a sus naciones de origen.
En tal sentido, las cifras demuestran una maquinaria estatal altamente coordinada para maximizar la salida de extranjeros sin estatus legal.
A este respecto, diversas organizaciones no gubernamentales sostienen que las expulsiones masivas fracturan núcleos familiares enteros establecidos de manera productiva en territorio estadounidense.
Aunado a esto, los despachos jurídicos denuncian que la falta de reportes oficiales por parte del DHS entorpece el monitoreo ciudadano sobre el debido proceso.
Asimismo, los gremios empresariales advierten que la pérdida constante de mano de obra en sectores agrícolas y de servicios resiente la economía de varios estados.
Detenciones urbanas, arraigo y el mito de los antecedentes penales
Redadas en el interior del país y aumento de arrestos
Por otra parte, el informe descubrió un incremento agresivo de las operaciones policiales en zonas residenciales alejadas del paso fronterizo.
Pese a que los cruces irregulares en la frontera común con México marcaron mínimos históricos, las devoluciones fronterizas sumaron el 69 % del universo total.
El 31 % restante, equivalente a unas 300.000 personas, correspondió a arrestos ejecutados por agentes federales en el interior de las ciudades estadounidenses.
Dichas redadas urbanas, promocionadas frecuentemente por el Gobierno a través de videos en redes sociales, golpearon urbes como Chicago y Minneapolis.
Las capturas en vecindarios pasaron de constituir el 28 % de las expulsiones en 2025 al 34 % en el primer semestre de 2026, alcanzando un pico de 39 % en julio.
El promedio mensual de arrestos en el interior subió drásticamente de 8.000 personas durante el primer trimestre a 19.000 migrantes entre mayo y julio de 2026.
En consecuencia, el miedo a las patrullas migratorias paraliza la asistencia escolar y las consultas hospitalarias en barriadas trabajadoras.
De igual manera, los alcaldes de ciudades santuario interponen recursos en los tribunales para frenar las incursiones sorpresivas de los agentes federales.
La falsedad sobre las condenas penales
Por añadidura, el cruce de datos desmontó el alegato oficial que justificaba la batida contra supuestos delincuentes peligrosos.
La Casa Blanca justificó reiteradamente los despliegues afirmando que sus patrullas perseguían únicamente a «lo peor de lo peor».
Con todo, el informe del MPI precisó que el 61 % de los deportados por el ICE (390.000 ciudadanos) residía en el país desde hacía dos años o más, y un 15 % (90.000 personas) acumulaba una década o más de arraigo.
El 71 % de los extranjeros expulsados con al menos dos años de residencia (280.000 casos) nunca afrontó una condena penal en los tribunales.
Entre los inmigrantes que acumulaban una década o más en suelo norteamericano, el 61 % (unas 57.000 personas) carecía igualmente de antecedentes delictivos.
En el cómputo global, apenas el 20 % (190.000 de las 980.000 deportaciones) involucró a sujetos con antecedentes o condenas por algún delito.
Por otro lado, los activistas de derechos civiles califican estos números como una prueba irrefutable de persecución indiscriminada contra trabajadores pacíficos.
De modo que las 980.000 deportaciones, la ausencia de antecedentes penales en el 80 % de los afectados, la escalada de redadas urbanas y el silencio del DHS desnudan la verdadera magnitud del plan migratorio de Donald Trump.
Con información de EFE
