Valencia, 3 de septiembre de 2026-. Gobierno de Trump busca retirar a las escuelas privadas y universidades su estatus de exención fiscal si ofrecen ayuda a hispanos y otras minorías como parte de una campaña para eliminar los programas de diversidad.
El Departamento del Tesoro presentó este jueves una regulación dirigida a instituciones educativas privadas.
La propuesta busca retirar este beneficio a escuelas y universidades que otorguen ayudas según criterios raciales.
La medida alcanzaría programas relacionados con admisiones, becas e instalaciones destinadas a beneficiar a determinados grupos raciales.
Según la propuesta, esas prácticas serían incompatibles con las normas que regulan la exención fiscal.
El cambio, si es aprobado definitivamente, entraría en vigor después de mayo de 2027.
El Departamento del Tesoro y el IRS estiman que unas 18.000 instituciones podrían verse afectadas.
La iniciativa representa una nueva ofensiva de la Administración Trump contra los programas de diversidad, equidad e inclusión.
Estas políticas son conocidas como DEI y se habían extendido en numerosas instituciones educativas estadounidenses.
Gobierno de Trump busca retirar a las escuelas privadas y universidades su estatus de exención fiscal si ofrecen ayuda a hispanos y otras minorías como parte de una campaña para eliminar los programas de diversidad
Funcionarios de Trump sostienen que los programas basados en criterios raciales pueden discriminar a estudiantes blancos y asiático-estadounidenses.
La Administración ha utilizado leyes vinculadas con los derechos civiles para cuestionar estas políticas.
Decenas de universidades ya cerraron o modificaron sus oficinas de DEI.
También eliminaron algunas becas y clubes dirigidos específicamente a estudiantes pertenecientes a minorías.
Scott Bessent, secretario del Tesoro, advirtió que cambiar el nombre de estos programas no modificaría su naturaleza.
“Cambiar el nombre de las preferencias basadas en la raza” no altera su carácter discriminatorio, afirmó Bessent.
La propuesta contempla así políticas que utilicen conceptos como equidad, inclusión o promoción de la diversidad.
Las exenciones fiscales universitarias se convirtieron en una herramienta de presión durante el segundo mandato de Trump.
El presidente ya había amenazado el año pasado con retirar este beneficio a la Universidad de Harvard.
La institución cuestionó entonces la existencia de una base legal para ejecutar esa medida.
Un beneficio vigente durante décadas
Las universidades privadas estadounidenses disfrutan de importantes beneficios fiscales debido al servicio público que prestan.
Este sistema les permite ahorrar millones de dólares cada año en determinadas obligaciones tributarias.
La eliminación de esas ventajas podría tener consecuencias económicas para las instituciones afectadas.
Harvard advirtió anteriormente que una medida de ese tipo podría afectar sus ayudas financieras.
También señaló posibles efectos sobre investigaciones médicas consideradas esenciales.
Aunque retirar una exención fiscal universitaria es poco habitual, existe un precedente relevante.
La Universidad Bob Jones perdió su beneficio fiscal durante la década de 1970.
La decisión estuvo relacionada con una prohibición de relaciones y matrimonios interraciales dentro del campus.
La Corte Suprema confirmó posteriormente la decisión del IRS.
La universidad eliminó esa prohibición y recuperó su condición de institución exenta en 2017.
Propuesta apunta a políticas raciales
Las instituciones sin fines de lucro deben cumplir diferentes obligaciones para conservar sus beneficios fiscales.
Entre ellas figuran normas sobre cabildeo, campañas políticas y presentación de informes anuales.
Las leyes también limitan la posibilidad de que el IRS persiga organizaciones por razones ideológicas.
Además, los funcionarios federales no pueden ordenar investigaciones del organismo tributario.
La Administración Trump presenta la nueva propuesta como una forma de reforzar el mérito dentro del sistema educativo.
Paralelamente, el Departamento de Justicia investiga varias facultades de medicina.
Las autoridades las acusan de favorecer a estudiantes negros e hispanos durante procesos de admisión.
Funcionarios de Trump sostienen que esas prácticas violarían disposiciones de la Ley de Derechos Civiles de 1964.
La legislación prohíbe la discriminación en la educación y fue creada para combatir la segregación.
Frank J. Bisignano, director ejecutivo del IRS, respaldó públicamente la propuesta.
Según Bisignano, las escuelas que mantengan prácticas consideradas discriminatorias podrían perder su estatus fiscal.
