Gobierno de España encara una crisis política por un informe judicial que acusa a gendarmes marroquíes de dirigir la entrada masiva a Ceuta y exigen la renuncia del ministro Grande-Marlaska. El Gobierno de España solicitó este miércoles 2 de septiembre de 2026 la máxima prudencia institucional ante la filtración de un informe de los cuerpos de seguridad que señala a agentes marroquíes de haber coordinado y dirigido el ingreso irregular y masivo de personas hacia la ciudad autónoma de Ceuta a finales de julio, un escenario que desató una inmediata tormenta política con exigencias transversales para la renuncia del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
Por lo tanto, las fuerzas de oposición conservadora y sectores de la propia izquierda aliada del Ejecutivo acusaron a la administración central de ocultar antecedentes críticos a la opinión pública, contradiciendo las declaraciones recientes del presidente Pedro Sánchez, quien había descartado cualquier implicación de las autoridades del país vecino. Ante este escenario, la Moncloa intenta apaciguar las tensiones bilaterales a la espera de corroborar el expediente judicializado en los tribunales.
Revelaciones del informe policial, reacción de Interior y fractura en Ceuta
En primer lugar, el documento policial —adelantado por el periódico digital El Español y remitido a una jueza de la Audiencia Nacional— precisa que la irrupción a la ciudad española norteafricana fue guiada en el terreno por gendarmes marroquíes que acataban instrucciones directas de funcionarios vestidos de civil, persiguiendo un objetivo de presión geopolítica distante del mero fenómeno migratorio.
En este sentido, el ministro Grande-Marlaska ordenó al director general de la Policía, Francisco Pardo, certificar la veracidad del texto y precisar la fecha exacta en que los mandos comenzaron a manejar dicha información.
- Documento revelado: Informe de la Policía Nacional remitido formalmente a la Audiencia Nacional española.
- Señalamiento principal: Actuación coordinada de gendarmes marroquíes bajo directrices de agentes de paisano para canalizar los cruces.
- Saldo humano del suceso: Entrada de más de 70.000 personas los días 30 y 31 de julio pasados, con cerca de 5.000 ciudadanos aún varados en Ceuta.
- Postura del Ministerio de Justicia: Pedido de cautela hasta acceder al contenido íntegro y corroborar la evolución de las pesquisas.
- Exigencia opositora: Convocatoria a la embajadora marroquí Karima Benyaich y llamado a consultas del diplomático español Enrique Ojeda.
«El Ejecutivo es el primer interesado en conocer qué sucedió realmente el pasado 30 de julio y en que la investigación avance para determinar con exactitud todo lo ocurrido», argumentó el ministro de Justicia y Presidencia, Félix Bolaños, al defender la cautela gubernamental.
Por su parte, los residentes del enclave ceutí enfrentan graves contratiempos socioeconómicos y problemas de orden público derivados de la presión demográfica repentina.
Embestida del Partido Popular, tesis de guerra híbrida y quejas en la izquierda
Ofensiva parlamentaria de los bloques conservadores
Por su parte, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, cargó duramente contra el presidente Pedro Sánchez por desmentir apenas el lunes la existencia de informes de los servicios de inteligencia o policiales que involucraran a Marruecos, exigiendo medidas diplomáticas contundentes de reciprocidad.
De manera paralela, el secretario general del PP, Miguel Tellado, acusó a Grande-Marlaska de encubrir el contenido del expediente durante más de un mes, postura respaldada por la dirigencia del partido Vox, cuyo portavoz Javier Cortés calificó la maniobra fronteriza como un acto deliberado de guerra híbrida impulsado por el reino alauí.
Quiebre interno en el bloque de investidura
Al respecto, la controversia impactó de lleno en las filas del propio bloque de gobierno, donde la coalición de izquierdas Sumar reprochó los intentos de exculpar al régimen de Rabat, tensando los lazos con la bancada del Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Asimismo, formaciones como Izquierda Unida y Podemos demandaron formalmente la dimisión de Grande-Marlaska si se confirma su conocimiento previo del reporte, sumándose a la ministra de Sanidad, Mónica García, quien calificó de indudable la responsabilidad del Estado marroquí en la crisis por acción o negligencia manifiesta.
Con información de EFE
