Gobierno de Colombia denuncia que mafias del oro ilegal financiaron campañas políticas en 2026 y detecta más de 100 retroexcavadoras durante un sobrevuelo militar en Chocó. El Gobierno nacional reveló este domingo 11 de octubre de 2026 que redes de minería ilegal en Chocó habrían financiado campañas políticas de 2026.
La administración central advirtió además que estos mismos grupos armados preparan esquemas similares para permear las elecciones regionales de 2027.
La alerta oficial surgió tras una inspección aérea liderada por el ministro del Interior, Rodrigo Lara, quien sobrevoló los municipios de Nóvita y Baudó en un helicóptero militar MI-17, constatando la presencia de más de 100 retroexcavadoras operando en zonas protegidas.
Sobrevuelo militar, campamentos armados e hipótesis de financiamiento electoral
El portavoz oficial del Ejecutivo, Miller Soto, comunicó los resultados de la misión técnica que sobrevoló la selva chocoana para verificar el avance de las dragas y excavadoras industriales.
La comisión estatal recopiló pruebas concluyentes sobre el alcance operativo de estas organizaciones delictivas:
- El ministro Rodrigo Lara constató desde la aeronave MI-17 ríos desviados, bosques destruidos y más de 100 retroexcavadoras activas sin títulos mineros válidos.
- Las fotografías aéreas expusieron campamentos pertenecientes a grupos armados irregulares que controlan el acceso a los yacimientos auríferos.
- Las mafias emplean documentación falsificada para justificar la movilización de combustible, repuestos y maquinaria pesada en zonas de reserva.
- El portavoz Miller Soto enfatizó que no se trata de minería artesanal o de subsistencia, sino de explotaciones a gran escala con logística industrial.
- El Ejecutivo presentó formalmente la hipótesis ante la Fiscalía General de la Nación para que determine qué campañas recibieron estos capitales clandestinos.
En tal sentido, el portavoz gubernamental subrayó que la justicia procesará a cualquier dirigente político que haya recibido recursos procedentes de estas excavaciones:
«El minero formal no es el enemigo. El enemigo es el que invade y el que lava campaña con oro de predio ajeno».
A este respecto, el Ejecutivo optó por no ventilar nombres de aspirantes o colectividades políticas para resguardar la reserva de las investigaciones judiciales.
Aunado a esto, las autoridades buscan cortar de raíz el circuito financiero que permite a las estructuras armadas comprar influencias en las corporaciones públicas regionales.
Asimismo, los mandos militares entregaron las coordenadas geoespaciales de las máquinas detectadas para planificar incursiones de inutilización con explosivos.
Proyecto de ley, doctrina penal y golpes recientes al Clan del Golfo
La minería como caja de guerra y reforma legal
Por otra parte, la Presidencia de la República fijó una postura doctrinaria tajante frente a la naturaleza del negocio aurífero criminal.
A través de su cuenta en la red social X, el jefe de Estado recalcó la urgencia de redefinir el tratamiento normativo contra esta actividad:
«La gran minería criminal no es una simple infracción ambiental: es una caja de guerra y terror».
La propuesta del ministro Lara plantea tipificar estas prácticas como una amenaza directa contra la estabilidad democrática y no meramente como una falta administrativa o ecológica.
El texto de la nueva legislación entrará a deliberación en el Consejo de Política Criminal antes de que el Ejecutivo lo radique formalmente ante el Congreso de la República.
En consecuencia, el Gobierno busca dotar a los jueces de herramientas punitivas más severas para castigar el testaferrato, el contrabando de mercurio y el lavado de activos mineros.
De igual manera, el Ministerio del Interior garantizará mecanismos expeditos de formalización jurídica para los mineros tradicionales que decidan acogerse a la legalidad.
Incautaciones en Tolima, Chocó y crisis humanitaria
Por añadidura, las Fuerzas Militares ejecutaron operaciones contundentes para debilitar las arcas de las estructuras rebeldes en distintos puntos de la geografía nacional.
En Chaparral, departamento del Tolima, el Ejército desmanteló centros de extracción de la Comisión Jerónimo Galeano que producían 6.000 gramos de oro al mes, tasados en 2.880 millones de pesos.
En Yuto, Chocó, tropas del Estado inutilizaron cuatro excavadoras pesadas que generaban rentas ilícitas para una subestructura del Clan del Golfo.
Dichas acciones operativas ocurren mientras el departamento de Chocó afronta una grave crisis humanitaria derivada de desplazamientos forzados, violencia armada y las secuelas del sismo del 10 de agosto.
Por otro lado, la Defensoría del Pueblo instó a las entidades asistenciales a redoblar la ayuda comunitaria sin permitir que los grupos armados controlen las obras de reconstrucción.
De modo que la denuncia sobre las campañas electorales, el sobrevuelo en Nóvita y el proyecto penal marcan un hito en la lucha contra la economía del oro de sangre.
Con información de Versión Final
