Valencia, 2 de noviembre de 2026-. Fundaredes exigió transparencia sobre el bombardeo del Ejército venezolano contra un presunto campamento del ELN en Apure.
El bombardeo en Apure contra un presunto campamento del Ejército de Liberación Nacional (ELN) generó nuevas exigencias de transparencia por parte de organizaciones defensoras de derechos humanos. Javier Tarazona, director de la ONG FundaRedes, pidió esclarecer los hechos y ofrecer información oficial sobre las víctimas del operativo militar en Buena Vista del Meta.
A través de una serie de mensajes publicados en X, Tarazona calificó de «alarmantes» los reportes sobre un presunto enfrentamiento y bombardeo que habría dejado múltiples fallecidos. El defensor afirmó que alza la voz desde el compromiso de la organización con los derechos humanos y reclamó superar la opacidad institucional.
Tarazona recordó que FundaRedes ha documentado durante años la presencia y el control de grupos armados irregulares en la frontera venezolana. Según señaló, las comunidades de esa zona han permanecido bajo el asedio de estas estructuras, mientras persisten el silencio y la falta de información oficial.
«Las comunidades fronterizas no pueden seguir siendo zona de operaciones», expresó el director de la ONG. También destacó el trabajo de documentación que realiza Juan Francisco García Escalona, coordinador de FundaRedes, desde el terreno, y lo consideró fundamental para esclarecer lo ocurrido y exigir respuestas inmediatas.
El defensor aseguró que la organización ha asumido costos elevados por denunciar estos hechos. «Ni la persecución ni la censura van a silenciar nuestro testimonio», afirmó. Además, sostuvo que no es posible construir paz ni estabilidad sobre enfrentamientos ocultos y comunicados vacíos mientras la población civil reclama justicia.
Fundaredes exigió transparencia sobre el bombardeo del Ejército venezolano contra un presunto campamento del ELN en Apure
La organización informó inicialmente que nueve personas murieron durante el bombardeo, ocurrido en la madrugada del viernes cerca del caserío Buena Vista del Meta, en Apure. La comunidad tiene alrededor de 1.000 habitantes y limita con el departamento colombiano de Vichada.
Sin embargo, García Escalona declaró a la agencia AFP que nueve cadáveres llegaron el viernes a San Fernando, capital de Apure, y que otros diez fueron trasladados el sábado. Estos reportes elevaron a 19 el número de cuerpos mencionados en la información disponible sobre el operativo.
Una fuente militar anónima vinculada a la operación aseguró a AFP que hubo apoyo de inteligencia estadounidense. «Nos ayudó gente de la CIA y el FBI. Esto fue una orden de Estados Unidos», declaró. No obstante, las autoridades no han confirmado esa versión.
La misma fuente indicó que la mayoría de los fallecidos serían venezolanos, entre ellos una mujer. También señaló que identificaron a dos ciudadanos dominicanos que portaban documentos venezolanos. Según su relato, los militares continuarían inspeccionando el área porque presumen que existen otros campamentos.
Denuncian un cambio en la actuación militar
Por su parte, la defensora de derechos humanos Rocío San Miguel afirmó que el ataque refleja un «cambio de doctrina» en las Fuerzas Armadas venezolanas. Según su interpretación, los militares habían mantenido una posición de neutralidad frente a la presencia del ELN y otras guerrillas en la frontera.
Los cuerpos fueron trasladados inicialmente a Puerto Páez y posteriormente a la morgue de San Fernando. Después, fueron enterrados en Camaguán, estado Guárico. Un habitante de Puerto Páez declaró a AFP que varios cadáveres quedaron «totalmente destrozados».
El episodio ocurre en una zona fronteriza marcada por la presencia de grupos armados y actividades ilegales. Venezuela y Colombia comparten 2.219 kilómetros de frontera, donde estas estructuras ejercen control sobre actividades como el narcotráfico y la minería ilegal.
