El expresidente colombiano Álvaro Uribe afirmó este jueves que la Fiscalía General de la Nación abrió una investigación formal en su contra.
El organismo judicial del país suramericano ordenó iniciar este proceso penal bajo un marco legal que contempla resolver su situación jurídica próximamente. Por lo tanto, el influyente exmandatario encarará nuevas diligencias directamente vinculadas con el accionar violento de grupos paramilitares en el noroeste nacional. El propio líder político difundió la notificación oficial del Ministerio Público a través de su cuenta en la plataforma digital X.
Detalles del nuevo proceso por hechos ocurridos en Antioquia
Los grupos paramilitares perpetraron la matanza de La Granja en 1996 con un trágico saldo de cuatro personas muertas y múltiples desplazados. Además, los mismos elementos delictivos ejecutaron la masacre de El Aro al año siguiente, provocando la muerte violenta de 15 víctimas civiles. Por otro lado, la Fiscalía General ya anunció en el año 2015 la apertura de líneas de investigación penal contra el político derechista. En consecuencia, la justicia evalúa los testimonios que vinculan a las autoridades regionales con las masacres de La Granja y El Aro.
Sin embargo, el exmandatario ejercía el cargo de gobernador de Antioquia durante los años en que ocurrieron estas graves violaciones de derechos humanos.
Varios testigos afirmaron ante las autoridades judiciales que observaron un helicóptero de la gobernación prestando labores de vigilancia durante las incursiones armadas. Asimismo, la Fiscalía citó al dirigente para responder por el asesinato del defensor de los derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo. Finalmente, los investigadores también recopilan datos sobre presuntas irregularidades ocurridas en la hacienda Guacharacas, propiedad de la familia Uribe.
El caso de Jesús María Valle y la condena familiar
El abogado Jesús María Valle presidía el Comité Permanente de Derechos Humanos de Antioquia y recibió constantes amenazas de muerte por su labor. Efectivamente, unos sicarios de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) asesinaron al activista el 27 de febrero del año 1998 en Medellín. Por esa razón, la justicia vincula este homicidio con las denuncias previas que hizo el jurista sobre la inacción del Estado. Adicionalmente, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó recientemente una condena de 28 años contra Santiago Uribe.
Del mismo modo, el máximo tribunal ratificó que el hermano del expresidente financió activamente al grupo paramilitar conocido como Los doce apóstoles.
Los magistrados hallaron culpable al ganadero por los delitos agravados de concierto para delinquir y homicidio en la población de Yarumal. Por consiguiente, los nexos familiares y las acusaciones de los antiguos jefes paramilitares complican el panorama legal del exjefe de Estado. Así, el entorno del líder del Centro Democrático suma un nuevo expediente por las masacres de La Granja y El Aro.
Situación jurídica actual de Álvaro Uribe
Uribe enfrentó previamente el llamado juicio del siglo por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal en Bogotá. No obstante, el Tribunal Superior de Bogotá absolvió en segunda instancia al exgobernante tras resolver una apelación presentada por sus abogados defensores.
Por otra parte, las distintas partes civiles todavía cuentan con la oportunidad legal de interponer un recurso de casación ante la Corte Suprema. Para concluir, el político medirá su apoyo popular mientras atiende los llamados de la Fiscalía por las masacres de La Granja y El Aro.
Con información de EFE
