Alberto News – Caracas, 13 de febrero de 2025-. Familiares de presos políticos de Venezuela protestaron este jueves, 13 de febrero, frente a la Fiscalía en Caracas para exigir respeto a los derechos fundamentales.
«Desde el Ministerio Público exigimos respeto al derecho fundamental de los presos políticos a recibir visitas de sus familiares», exigieron.
Familiares aseguraron que «la separación forzada, el aislamiento y la incomunicación no solo afectan a las familias, sino que también constituyen tratos crueles e inhumanos».
«Exigimos que el Estado garantice este derecho, no como un favor, sino como una obligación», agregaron.
En Venezuela hay presos políticos que llevan más de seis meses sin contacto, sin que sus familiares sepan su estado físico y mental, debido a la prohibición impuesta por las autoridades.
La ONG Foro Penal publicó este miércoles una actualización de su lista de presos políticos en Venezuela. De acuerdo con la organización, 1.194 personas están tras las rejas por cuestiones políticas.
l balance detalla que se desconoce el paradero de 59 personas. Además, indica que cuatro de los detenidos son adolescentes.
En el informe también destaca que 1.030 ciudadanos son civiles y 164 militares.
Denuncian imposición de prácticas religiosas a «presos políticos»
La ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció la imposición de prácticas religiosas a «presos políticos» recluidos en una cárcel en el norte del país, donde -señaló- son «forzados a participar en actividades» evangélicas, pese a que la Constitución establece la libertad de religión y culto.
En ese sentido -advirtió la organización no gubernamental-, los considerados «presos políticos» que se encuentran en la prisión conocida como Tocorón, ubicada en el estado Aragua, son «víctimas de adoctrinamiento religioso», lo que, aseguró, atenta contra «la libertad de pensamiento y de conciencia».
Además, el OVP señaló que, según denuncias de familiares de estos detenidos, «quienes se nieguen a participar corren el riesgo de ser castigados».
Indicó que, el pasado 31 de diciembre, fueron «obligados a escuchar música cristiana durante horas sin interrupción», y «aquellos que expresaron su negativa a participar en estas actividades religiosas fueron amenazados con represalias», como «restricciones en visitas» o «aislamiento».
«No se puede obligar a nadie a adoptar una creencia bajo presión, menos aún cuando están en una situación de total vulnerabilidad. Es el colmo que el régimen no solo los mantenga detenidos en condiciones inhumanas, sino que ahora también pretende imponer una doctrina religiosa», expresó el director del OVP, Humberto Prado, citado en la nota.
Familiares piden «la intervención» de organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), señaló la ONG, que se suma al llamado y exige a las autoridades nacionales garantizar la libertad de culto y cesar «cualquier práctica de coerción religiosa».
Nicolás Maduro anunció que iglesias del país difundirán «el mensaje» de Jesucristo en las cárceles, con el objetivo de «construir el camino de la redención», como parte de un acuerdo entre representantes de centros religiosos y el Ministerio de Servicio Penitenciario, que también fue firmado por el mandatario.
