EFE – Caracas, 21 de julio de 2023. Con la Constitución en mano, citando solo las partes que les sirven, organizaciones civiles y religiosas han sacado la artillería en Venezuela en defensa de lo que llaman «la familia original» y en contra de la «ideología de género» o, lo que es lo mismo, quieren frenar cualquier conquista en la lucha feminista y del colectivo LGBTI.
En lo que va de julio, estas agrupaciones se han movilizado por miles hasta las instituciones del Estado para pedirles, entre otras cosas, proteger a los niños de la «hipersexualización», así como detener una ley contra todo tipo de discriminación con la que grupos excluidos buscan avanzar hacia la igualdad de derechos.
Movidos por la fe o el conservadurismo, los propulsores de este movimiento rechazan ser tildados de «antiderechos» e insisten en que está amparados por las leyes, las mismas que no permiten el matrimonio igualitario o la despenalización del aborto en ninguna causal.
CÓMO EDUCAR A LOS NIÑOS
La organización «Por la familia» encabeza la cruzada civil en las escuelas, en las que piden que se erradique la Educación Sexual Integral (ESI), al considerar que promueve «la ideología de género», pues muestra tipos de familias «biológicamente imposibles», como la unión entre dos hombres, dos mujeres o un hombre solo con un niño.
«Solo la unión entre un hombre y una mujer hace posible una concepción (…), esa es nuestra defensa, que sea enseñado el tema de familia desde lo biológico», explicó a EFE la politóloga Linda de Márquez, directora de la organización y una de las caras más visibles del movimiento.
La mujer, que lideró la entrega de un petitorio ante el Ministerio de Educación para pedir la remoción de la ESI, remarca que la palabra «género» no existe en la Constitución y, por tanto, cualquier ley o norma que la incluya es anticonstitucional.
Apoyada por unas 100.000 firmas que entregaron ante el Parlamento y el Ejecutivo, aunque dice hablar por la mayoría de los padres de Venezuela, la politóloga está en contra de «planteamientos feministas» en los textos escolares, entre los que refutó que se hable de la existencia de una discriminación patriarcal y machista, términos «irreales», a su modo de ver.
De Márquez, que se reconoce conservadora, asegura que la ESI promueve la «perversión sexual» e incita a niños a masturbarse al contener apartados como «juegos exploratorios de la sexualidad», algo que, sostiene, igual que «los gustos» de personas LGBTI, pertenecen al «fuero íntimo» y, por tanto, no debería legislarse al respecto.
«Nadie le puede decir a una persona cómo vivir su sexualidad (…) pero cuando tú pretendes legislar (al respecto) es para imponer, ahí está el problema», dice, tras recordar que la Constitución protege el matrimonio únicamente entre un hombre y una mujer.
LA FE Y EL PODER
Los reclamos antiLGBTI han encontrado un aliado poderoso y predecible en la religión cristiana, que amplificó la protesta civil al llevar a miles de fieles hasta las cercanías del Parlamento para exigir que desestimen la ley contra la discriminación y ser incluidos en todos los debates relacionados con la familia.
Entre rezos y consignas a favor del «modelo de familia original», los creyentes protagonizaron una importante manifestación que terminó en una tarima, a la que acudieron cinco diputados, una pequeña parte de las decenas de políticos evangélicos que ocupan cargos públicos y que han ido cerrando filas en torno a estos reclamos.
Nathaly Fagúndez, una mujer de 33 años, participó en la marcha junto a sus dos hijos para rechazar «lo que quieren hacer en las escuelas», pues cree que contradice «el deber ser» y los «versículos de la biblia», es decir, no está «en la ley» de Dios.
«No estoy de acuerdo con la ley que quieren aprobar, con que venga un adulto a decirle, a imponerle a mi niño que si es niño él puede caminar como niña siendo un niño, él va a nacer siendo un niño», remarca la joven, que caminó con la barriga descubierta para mostrar su embarazo de siete meses, una panza que pintó con el mensaje «soy un niño».
La mujer, que dice no estar en contra del colectivo LGBTI, defiende su derecho a ser escuchada, así sea para exigir que no se apruebe el matrimonio igualitario en el Parlamento, una petición que lleva años sin ningún avance.
Activistas del feminismo y del colectivo LGBTI han alertado sobre el fortalecimiento de este movimiento «antiderechos» y consideran más necesario que nunca promover la educación sobre la diversidad de familias que existen y el rol laico del Estado, que no debe sesgar sus políticas por ningún credo.
