Valencia, 6 de mayo de 2026-. Expertos jurídicos y defensores de derechos humanos concluyeron que la derogación de la Ley contra el Odio Venezuela es la salida más coherente.
El debate se realizó en un foro organizado por Espacio Público en la Universidad Católica Andrés Bello.
Participaron especialistas nacionales e internacionales en libertad de expresión y derecho constitucional.
Expertos concluyeron que la derogación de la Ley contra el Odio es la salida más coherente
La discusión giró en torno al impacto de la Ley contra el Odio Venezuela desde su aprobación en 2017.
El instrumento legal fue creado por la Asamblea Nacional Constituyente para sancionar discursos considerados violentos o discriminatorios.
Las penas pueden llegar hasta 20 años de prisión según el texto oficial.
Durante el evento participaron Florencia Reggiardo, Rafael Chavero y Pedro Vaca.
También intervinieron representantes de la ONG Espacio Público y del centro académico Ciap-UCAB.
El consenso entre expertos apuntó a la derogación por su ambigüedad legal.
Los juristas señalaron que la ley contiene tipos penales poco específicos. Esto, afirmaron, permite interpretaciones amplias por parte del sistema de justicia.
Esa discrecionalidad, añadieron, puede generar inseguridad jurídica para la ciudadanía.
Críticas al uso judicial
El Relator Especial de la CIDH, Pedro Vaca, advirtió sobre el uso del concepto de odio.
Explicó que en el sistema interamericano la norma protege a grupos vulnerables. Sin embargo, señaló que en Venezuela se estaría utilizando para limitar críticas políticas.
“Los discursos de odio no están para proteger al gobierno”, afirmó Vaca. Indicó que la finalidad es evitar violencia contra personas o grupos vulnerables.
Según su análisis, la ley desvirtúa ese principio internacional de protección.
El abogado Rafael Chavero sostuvo que la norma es extremadamente vaga. Aseguró que ninguna persona puede entender con claridad qué está prohibido.
Calificó la ley como un instrumento con fines principalmente represivos.
Impacto y cifras registradas
La organización Espacio Público documentó más de 160 casos vinculados a esta ley.
Entre 2017 y 2025 se registraron al menos 113 casos de criminalización. En 2025, al menos 14 personas fueron privadas de libertad bajo este marco legal.
Los expertos advierten que la amplitud del texto facilita su aplicación local.
Esto incluye procedimientos en municipios y comunidades con distintos criterios.
Para los defensores, esto puede generar situaciones de presión o abuso.
La abogada Florencia Reggiardo señaló que la reforma judicial podría abrir una vía intermedia. Sin embargo, insistió en que la derogación es la solución más garantista.
Recordó que las normas deben ser claras, previsibles y estrictas.
