Valencia, 16 de marzo de 2026-. La revisión de la inamovilidad laboral en Venezuela fue propuesta por el abogado corporativo Raúl Gil Arias y el abogado laborista Ramón Sosa, quienes señalaron que el esquema vigente desde hace 24 años ya no responde a las necesidades actuales del mercado laboral ni de las empresas.
Expertos piden cambios en la normativa
Sosa explicó que la inamovilidad, tal como está planteada, impide a las empresas desvincular a trabajadores que no cumplen con sus responsabilidades. Aseguró que esta situación genera dificultades operativas y limita la eficiencia interna.
“Para el empresario es perjudicial no poder desvincular a un trabajador que no viene a la hora de entrada o que se va antes”, afirmó. Indicó que el modelo actual resulta “inoperativo” para sectores que requieren altos niveles de productividad.
La revisión de la inamovilidad laboral en Venezuela también fue planteada por Gil Arias, quien coincidió en que el país necesita un marco más flexible y adaptado a nuevas dinámicas económicas.
Jornadas flexibles para sectores estratégicos
Los especialistas destacaron que la llegada de empresas transnacionales, especialmente en el área energética, exige esquemas laborales distintos. Sosa cuestionó cómo operarán compañías petroleras o mineras si deben rotar semanalmente a cientos de trabajadores debido a las limitaciones legales.
Recordó que en otros países existen jornadas de veinte días de trabajo por diez días libres, un modelo incompatible con la normativa venezolana actual. Afirmó que sin ajustes será difícil atraer inversiones o garantizar operaciones continuas en zonas remotas.
La revisión de la inamovilidad laboral en Venezuela se presenta así como un requisito para modernizar el mercado laboral y facilitar la entrada de nuevos actores económicos.
Prestaciones sociales y salario mínimo
Sosa también abordó el impacto del sistema de prestaciones sociales. Señaló que las empresas no pueden asumir aumentos salariales significativos sin modificar el método de cálculo vigente.
Propuso alternativas como realizar liquidaciones cada seis meses o crear un fondo nacional de prestaciones, similar a los modelos de Colombia o Perú. Aseguró que estas opciones permitirían elevar el salario mínimo sin generar cargas insostenibles para el sector privado.
