El secretario de Defensa de EE. UU. afirma que no presenció el segundo ataque contra una lancha venezolana en septiembre. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, declaró este lunes que no presenció personalmente el segundo ataque realizado el 2 de septiembre contra una embarcación venezolana acusada de narcotráfico, aunque defendió la decisión y respaldó al mando que sí ordenó la acción
El incidente ha generado una ola de cuestionamientos e investigaciones tanto dentro del Congreso como en organismos internacionales, ya que el segundo bombardeo habría tenido como blanco a dos sobrevivientes del ataque inicial, lo que en contexto de conflicto naval ha sido considerado por expertos como posible crimen de guerra.
Versión oficial: orden dentro de la legalidad
De acuerdo con voceros oficiales, el ataque fue autorizado por Hegseth, quien designó al almirante Frank M. Bradley para llevar a cabo la operación. El objetivo declarado: destruir la embarcación y eliminar lo que se calificó como una “amenaza narcotraficante”.
En su defensa, Hegseth aseguró que se trata de operaciones legítimas en aguas internacionales, en el marco de la lucha contra organizaciones catalogadas por Washington como “narcoterroristas”.
El secretario de Defensa de EE. UU. afirma que no presenció el segundo ataque contra una lancha venezolana en septiembre
La revelación de que una segunda ofensiva habría eliminado a sobrevivientes aún con vida — después del primer ataque que hundió la lancha — ha sido interpretada por expertos en Derecho Internacional y exmilitares como una posible ejecución extrajudicial, lo que podría constituir un crimen de guerra.
Distintos sectores del Congreso estadounidense han llamado a emprender una revisión exhaustiva de los hechos y exigir transparencia: grabaciones, órdenes de ataque y cualquier evidencia necesaria para determinar responsabilidades serán solicitadas formalmente.
Un momento de alta tensión en la estrategia militar de EE. UU. en el Caribe
Este episodio forma parte de una serie de operaciones que —según la administración de Donald J. Trump— tienen como objetivo desmantelar redes de narcotráfico en el Caribe vinculadas a grupos que operan desde Venezuela.
Sin embargo, la difusión de posibles órdenes de “no dejar sobrevivientes”, junto con la admisión de que el secretario de Defensa no presenció la segunda fase del ataque, ha tensado aún más la controversia sobre hasta qué punto estas acciones están amparadas por la ley de conflictos armados y los derechos humanos.
Con información de Reuters, The Washington Post y fuentes oficiales.
