Valencia, 13 de noviembre de 2025-. EEUU y México sancionaron a empresas de apuestas relacionadas con cártel de Sinaloa. El jueves, ambos gobiernos anunciaron medidas contra 27 empresas de apuestas e individuos implicados en lavado de dinero.
La Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) sancionó a 27 personas y entidades, mientras FinCEN propuso cortar acceso financiero a diez empresas mexicanas.
El grupo sancionado, conocido como HOCG, es controlado por la familia Hysa y opera en México y otros países, como Canadá y Europa.
Según el Departamento del Tesoro de EE. UU., el HOCG actúa con el consentimiento del Cártel de Sinaloa, que domina gran parte del territorio donde operan.
Se acusa a Luftar Hysa de colaborar en el traslado de grandes sumas de dinero desde México hacia Estados Unidos.
El flujo de dinero ilícito involucrado supera los mil millones de pesos, equivalentes a aproximadamente 54 millones de dólares.
EEUU y México sancionaron a empresas de apuestas relacionadas con cártel de Sinaloa
Los movimientos financieros ilegales se han registrado entre México, EE. UU., Canadá, Belice, Panamá, Rumania, Polonia y Albania.
Se habrían utilizado sociedades constituidas para dispersar capitales y dificultar el rastreo de los fondos ilícitos.
La Procuraduría General de México recibió denuncias relacionadas con operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos financieros vinculados a esta red.
Las sanciones buscan bloquear activos y cortar el acceso al sistema financiero internacional de las empresas involucradas.
Además, se pretende enviar un mensaje de advertencia sobre la cooperación entre redes criminales y negocios legales.
El gobierno mexicano destacó que continuará coordinando acciones con EE. UU. para perseguir los delitos y fortalecer la seguridad financiera.
Impacto esperado
Expertos señalan que las medidas afectarán la capacidad operativa del grupo HOCG, al limitar su movilidad de capitales.
Las sanciones internacionales refuerzan la estrategia bilateral para combatir el lavado de dinero y la infiltración del crimen organizado en negocios legales.
Autoridades advirtieron que la vigilancia continuará y podrían aplicarse nuevas sanciones si se identifican otros miembros de la red.
