EE. UU. suma 17 ataques en el Caribe y el Pacífico contra embarcaciones acusadas de narcotráfico. El Gobierno de Estados Unidos confirmó este jueves un nuevo ataque contra una embarcación en el Caribe, elevando a 17 las ofensivas realizadas en aguas internacionales desde el 2 de septiembre. Washington asegura que los barcos estaban vinculados al narcotráfico, aunque no ha presentado pruebas que respalden esas afirmaciones.
Según el recuento oficial, 70 personas han muerto en estas operaciones, llevadas a cabo sin procesos judiciales ni una declaración formal de guerra del Congreso. La administración de Donald Trump sostiene que los ataques forman parte de una campaña para combatir a los “narcoterroristas” en el hemisferio occidental.
El primer ataque se produjo el 2 de septiembre, cuando Trump anunció que fuerzas estadounidenses habían destruido una embarcación presuntamente vinculada al Tren de Aragua, organización que el Departamento de Estado califica como “terrorista extranjera”. Desde entonces, los ataques se han extendido por el Caribe y el Pacífico oriental.
EE. UU. suma 17 ataques en el Caribe y el Pacífico contra embarcaciones acusadas de narcotráfico
El Pentágono justificó las operaciones al afirmar que Estados Unidos mantiene un “conflicto armado con los cárteles de la droga”, cuyos miembros son considerados “combatientes ilegales”. Sin embargo, no ha presentado evidencias verificables de que las embarcaciones atacadas estuvieran involucradas en tráfico de drogas.
Los gobiernos de Venezuela y Colombia condenaron las ofensivas. El presidente Nicolás Maduro las calificó de “ejecuciones seriales” y pidió a la ONU abrir una investigación internacional. Por su parte, el mandatario colombiano Gustavo Petro afirmó que “siempre estará en contra de genocidios y asesinatos del poder en el Caribe”.
El ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, denunció que se trata de “una guerra no declarada”, mientras la Cancillería venezolana considera que los ataques confirman la “amenaza militar de Washington” en la región.
Las operaciones militares, dirigidas por el Comando Sur, han generado preocupación entre analistas y juristas internacionales por su falta de supervisión civil y las implicaciones legales de usar fuerza letal en zonas donde no existe conflicto bélico declarado.
