EE.UU. busca retirar ciudadanía a hija de presunto capo colombiano. El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) anunció este lunes que inició acciones legales para revocar la ciudadanía estadounidense de Andrea Johana Marroquín Rubiano, una mujer colombiana naturalizada en 2009, señalada de ocultar información durante su proceso migratorio y de presuntamente utilizar dinero vinculado al narcotráfico.
Marroquín, de 44 años, forma parte de un grupo de 17 ciudadanos naturalizados acusados recientemente por el gobierno del presidente Donald Trump de haber cometido fraude durante sus trámites de inmigración.
De acuerdo con el DOJ, la mujer habría obtenido la residencia permanente ocultando un supuesto matrimonio bígamo con un ciudadano estadounidense, situación que habría afectado la legalidad de su proceso migratorio.
Además, las autoridades estadounidenses la vinculan con una presunta conspiración de fraude electrónico, fraude bancario y lavado de dinero ocurrida entre 2003 y 2011.
EE.UU. busca retirar ciudadanía a hija de presunto capo colombiano
Según la Fiscalía, Marroquín habría utilizado fondos provenientes del narcotráfico heredados tras la muerte de su padre para financiar operaciones inmobiliarias fraudulentas en Miami, Florida.
Aunque el Departamento de Justicia no reveló el nombre del padre de la acusada, indicó en documentos judiciales que se trataba de un “conocido capo de la droga colombiano”, asesinado entre 1998 y 1999.
“La acusada heredó las ganancias del narcotráfico de su padre, que ascendían a decenas de millones de dólares”, sostiene parte de la documentación presentada ante la corte.
Asimismo, el DOJ señaló que un tío de Marroquín, con quien mantenía una relación cercana, también fue identificado como un importante narcotraficante y anteriormente fue condenado por fraude hipotecario en Florida.
Las autoridades han presentado cuatro demandas para revocar la ciudadanía de la mujer, argumentando que mintió deliberadamente a las autoridades migratorias y que no cumplía con el requisito de buena conducta moral exigido para obtener la naturalización.
El fiscal interino Todd Blanche aseguró que el Gobierno mantiene una política de “tolerancia cero” frente al fraude migratorio.
“Cuando extranjeros con antecedentes criminales se aprovechan del proceso de naturalización infringiendo la ley, hay consecuencias”, afirmó.
Si el proceso prospera, Marroquín perdería su ciudadanía estadounidense, regresaría a su estatus migratorio anterior y podría quedar expuesta a un eventual proceso de deportación.
Con información de EFE.
