Valencia, 11 de junio de 2026- Dos generales y 25 militares asumieron responsabilidad de más de 200 asesinatos en Colombia. Dos generales retirados del Ejército colombiano y otros 25 militares admitieron responsabilidad en graves violaciones de derechos humanos en el departamento del Meta.
Los hechos fueron revelados por la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, tribunal creado tras el acuerdo de paz con las FARC.
Las admisiones incluyen 209 asesinatos y 65 desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate.
Dos generales y 25 militares asumieron responsabilidad de más de 200 asesinatos en Colombia
La JEP reconoce crímenes en Meta tras la aceptación de responsabilidad por parte de altos mandos militares retirados.
Entre los implicados figuran los brigadieres generales retirados Carlos Ovidio Saavedra Sáenz y Francisco José Ardila Uribe.
Ambos ejercieron como comandantes de la Séptima Brigada del Ejército colombiano durante el periodo investigado.
Según el tribunal, es la primera vez que generales reconocen órdenes relacionadas con cuotas de bajas.
Saavedra admitió haber presionado a subordinados para aumentar resultados operacionales.
También reconoció el uso de mensajes que incentivaban la colaboración con grupos ilegales para obtener resultados.
Víctimas civiles y falsos positivos
La JEP reconoce crímenes en Meta documentados entre 2002 y 2007 en el centro del país.
El informe incluye al menos diez menores de edad entre las víctimas.
Las investigaciones señalan que las personas asesinadas eran civiles sin vínculos con el conflicto armado.
El término “falsos positivos” se utiliza para describir estos casos en los que civiles fueron presentados como combatientes.
El excomandante Ardila Uribe reconoció fallas en el control de las unidades bajo su mando.
También afirmó que existían incentivos institucionales que favorecían este tipo de prácticas.
Responsabilidad de la cadena de mando
La JEP reconoce crímenes en Meta atribuidos a una estructura militar integrada por oficiales, suboficiales y soldados.
En total, 27 integrantes de la fuerza pública aceptaron su participación en los hechos.
Los hechos ocurrieron principalmente en el Batallón de Infantería No. 21 Pantano de Vargas y el Gaula Rural Meta.
El tribunal indicó que existían presiones para reportar bajas como indicador de éxito militar.
Durante una audiencia, uno de los oficiales reconoció que las víctimas eran civiles con proyectos de vida y familias.
Impacto en el proceso de paz
La JEP reconoce crímenes en Meta como parte de uno de los casos más graves del conflicto armado colombiano.
La jurisdicción fue creada para investigar delitos ocurridos durante décadas de enfrentamiento interno.
Según el tribunal, se han contabilizado 7.837 casos relacionados con ejecuciones extrajudiciales en el país. La mayoría de estos hechos se registraron entre 2002 y 2010.
