La directora del Instituto Autónomo Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (Idenna) en el estado Zulia, Rina Villalobos, desmintió de forma oficial una campaña de desinformación que circula en diversas plataformas digitales. Por consiguiente, la funcionaria aclaró que una ciudadana ajena a la institución está utilizando ilegalmente el nombre del ente público para recaudar recursos y promover la apertura de una supuesta casa de abrigo en la región, alegando que atendería a 20 menores damnificados por los recientes terremotos de Caracas y La Guaira.
Además, las autoridades advirtieron que este tipo de convocatorias informales vulneran los protocolos legales de resguardo infantil. Por lo tanto, el despacho regional coordinó con la directiva central para frenar la difusión de estas solicitudes engañosas y recordar los canales institucionales vigentes para la protección de niños y adolescentes.
Desmienten campaña por redes
Asimismo, la representación estatal del organismo enfatizó de manera tajante que el Idenna «no ha mantenido comunicación, ni ha autorizado a ninguna persona para realizar tales gestiones», catalogando los mensajes difundidos en las redes como enteramente falsos. De este modo, la presidenta nacional del instituto, la socióloga Soraida Ramírez, se sumó al desmentido y negó cualquier vinculación con la ciudadana que promueve la colecta.
Efectivamente, la máxima autoridad nacional del ente echó por tierra el argumento de la campaña al subrayar un dato clave sobre el censo de daños: «no existen niños sin familiares ni huérfanos a causa de la catástrofe» que requieran de iniciativas particulares o centros de cuidado que no estén debidamente permisados por el Estado. En consecuencia, el organismo mantiene el control directo sobre los casos de vulnerabilidad social detectados tras el doble sismo.
Mecanismos oficiales de atención y censo de reubicación
La institución, en su rol de ente rector de las políticas de amparo a la infancia, recordó que todas las acciones de asistencia se ejecutan en estricto apego al sistema de protección del Estado. Igualmente, las Oficinas de Atención al Ciudadano trabajan articuladamente con los refugios de la franja costera para garantizar que los núcleos familiares afectados reciban el debido soporte socioeconómico por las vías legales.
Por eso, los equipos multidisciplinarios de la gobernación y el ministerio correspondiente ejecutan un abordaje técnico en el terreno que contempla las siguientes fases de atención:
- Levantamiento de un censo demográfico detallado en las comunidades y albergues transitorios.
- Coordinación logística para la reubicación organizada de las familias damnificadas con sus parientes en el interior del país.
- Garantía de asistencia integral, médica y nutricional a través de los programas oficiales del Ejecutivo nacional.
Consecuencias legales por usurpación de funciones
Por añadidura, la directiva del Idenna en la entidad zuliana exhortó a la colectividad general a ser cautelosa con la información que comparte en entornos digitales y a no replicar cadenas de mensajería dudosas. Villalobos alertó de forma clara que «la utilización indebida del nombre del instituto para solicitar ayuda económica constituye un delito» tipificado en las leyes venezolanas, por lo que las actas del caso serán remitidas a los organismos competentes.
Finalmente, la funcionaria reiteró que en ningún momento ha entablado comunicación telefónica ni presencial con la persona señalada en las redes sociales, quien actúa al margen de las normativas vigentes en la región de cara a la contingencia nacional. En resumen, el Estado centraliza el cuidado de los menores de edad afectados en los albergues del litoral central. En conclusión, las declaraciones de la gerencia regional buscan neutralizar intentos de estafa y preservar los canales legales orientados a la protección de niños y adolescentes.
Con información de Versión Final
