Valencia, 18 de marzo de 2026-. Denunciaron una nueva detención contra ciudadana que había sido beneficiada por la ley de amnistía. Las organizaciones Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) y el Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela informaron que Castillo había sido excarcelada el 24 de febrero de 2026 con libertad plena. Ambas entidades señalaron que la ciudadana compareció voluntariamente ante el tribunal en tres oportunidades y ante el Ministerio Público en Caracas.
En esas comparecencias, según las organizaciones, las autoridades confirmaron que no existían causas pendientes. Aun así, la aprehensión se ejecutó debido a una alerta activa en el Sistema Integrado de Información Policial (SIPOL).
La detención en Táchira fue atribuida por JEP a una falta de actualización en los registros policiales. La organización indicó que el tribunal no habría levantado las alertas tras la decisión de libertad plena.
JEP solicitó la liberación inmediata de Castillo y la corrección de los datos en el sistema. “La libertad personal no puede depender de la ineficiencia administrativa del Estado”, señaló la organización.
Denunciaron una nueva detención contra ciudadana que había sido beneficiada por la ley de amnistía
Según los reportes, un grupo de funcionarios ingresó durante la madrugada y la trasladó ante la presencia de sus hijas menores.
Permaneció en condición de desaparición forzada durante al menos dos o tres meses, de acuerdo con las organizaciones.
La detención en Táchira reactivó la atención sobre su caso, vinculado en algunos reportes a investigaciones políticas. No existen detalles judiciales públicos sobre esas presuntas vinculaciones.
Solicitudes de liberación y revisión del caso
El Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela también pidió la liberación inmediata de Castillo. La organización afirmó que el incidente evidencia fallas en los mecanismos de actualización de alertas policiales.
Castillo es madre de dos niñas de aproximadamente 9 y 12 años y se dirigía a Perú para reencontrarse con ellas. Las organizaciones solicitaron que se garantice su integridad y el cumplimiento de las decisiones judiciales previas.
