Denuncian irregularidades en el caso Pdvsa-Cripto. El caso Pdvsa-Cripto, presentado por el Estado venezolano como una de las mayores tramas de corrupción de los últimos años, acumula denuncias sobre presuntas violaciones a los derechos humanos, irregularidades judiciales y fallas en el debido proceso, según abogados defensores de los acusados.
La investigación está vinculada a un supuesto desfalco multimillonario en Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa) entre 2020 y 2023. El proceso derivó en la detención de más de 60 personas, entre exfuncionarios, empresarios y operadores financieros.
Entre los nombres señalados figuran el exministro de Petróleo Tareck El Aissami y el exdiputado Hugbel Roa.
Sin embargo, la defensa sostiene que detrás del caso existe un patrón de detenciones arbitrarias, aislamiento prolongado y restricciones al derecho a la defensa.
Según documentos consignados por abogados, varias aprehensiones fueron ejecutadas por funcionarios de la DGCIM y el Sebin sin investigaciones previas “serias y responsables”.
Los defensores aseguran que muchos interrogatorios estuvieron enfocados en levantar información patrimonial de los detenidos y sus familiares para ubicar bienes y propiedades.
Asimismo, denuncian que a los imputados se les atribuyeron delitos similares, pese a tener perfiles y funciones distintas dentro del presunto entramado.
Entre los cargos figuran traición a la patria, legitimación de capitales, asociación para delinquir y valimiento de influencias.
Otro de los cuestionamientos apunta a la prisión preventiva. La defensa sostiene que varios acusados permanecen detenidos desde 2023 y 2024 sin sentencia firme y, en algunos casos, sin acceso pleno al expediente judicial.
Denuncian irregularidades en el caso Pdvsa-Cripto
También denuncian que las audiencias preliminares fueron diferidas durante meses e incluso más de un año, lo que consideran una violación de los lapsos establecidos en la ley.
Los abogados afirman que el expediente contiene 146 piezas documentales y que solo pudieron revisarlo parcialmente en abril de 2026, cuando el juicio oral ya había comenzado.
Igualmente, señalaron que varias audiencias se realizaron prácticamente a puerta cerrada, con acceso limitado para familiares y público.
La defensa también denunció presuntas torturas, aislamiento e incomunicación contra algunos detenidos durante la fase de investigación.
Además, cuestionan que los acusados hayan sido presentados públicamente como culpables antes de la celebración del juicio.
Los defensores sostienen que el proceso penal terminó convertido en un mecanismo de presión política y patrimonial, mediante detenciones prolongadas y restricciones al derecho a la defensa.
Con información de Infobae.
