Durante el diálogo interactivo sobre el quinto informe de la Misión de Determinación de Hechos en Venezuela, una amplia coalición de países expresó su preocupación por la profundización de la crisis política tras las elecciones presidenciales.
Al menos 21 naciones solicitaron la verificación independiente de los resultados y la liberación incondicional de los presos políticos, además de renovar el mandato de la misión de la ONU encargada de investigar violaciones de derechos humanos, cuya renovación se votará en octubre.
La polémica se centra en la proclamación de Nicolás Maduro como ganador de los comicios, una decisión avalada por el Tribunal Supremo de Justicia basado en un controvertido “peritaje”.
Sin embargo, la oposición, encabezada por Edmundo González Urrutia, sostiene que los resultados en su poder lo acreditan como ganador. González, asilado en España desde el 8 de septiembre tras denunciar presiones, es apoyado por diversos gobiernos que exigen una revisión exhaustiva de los resultados.
Ecuador, en nombre de siete países, condenó la falta de independencia del Consejo Nacional Electoral y pidió a la administración de Maduro poner fin a la represión. En sintonía, la Unión Europea y naciones como Estados Unidos, Italia y Perú hicieron un llamado para que se respeten los deseos del pueblo venezolano.
Australia solicitó la publicación detallada de los resultados por centros de votación, mientras que el Reino Unido y otros países como Portugal y Brasil se mostraron dispuestos a apoyar una solución pacífica que respete la institucionalidad democrática. Israel, por su parte, advirtió sobre el deterioro de la democracia en Venezuela, afirmando que su restablecimiento podría tardar décadas.
El informe de la misión, presentado por la experta Martha Valiñas, subraya que se ha registrado un patrón de represión que busca silenciar a la oposición. Los hallazgos incluyen presuntos crímenes de lesa humanidad, documentados entre septiembre de 2023 y agosto de 2024, con un aumento en las violaciones de derechos humanos tras las elecciones del 28 de julio.
Canadá y otros países como Irlanda y Chile pidieron investigaciones rápidas sobre la muerte de manifestantes en protestas poselectorales, mientras que Bélgica y Luxemburgo expresaron su preocupación por la represión tanto digital como física. Al mismo tiempo, solicitaron asistencia médica y legal para los líderes opositores detenidos.
No obstante, 18 países, incluyendo Nicaragua, Cuba, Rusia y China, defendieron a Venezuela, argumentando que el Consejo de Derechos Humanos está siendo utilizado como herramienta de presión política. Acusaron a Estados Unidos y a la oposición venezolana de fomentar la intervención extranjera y socavar las decisiones políticas del país.
El debate sobre el futuro de la misión de la ONU en Venezuela y la crisis política sigue abierto, mientras la comunidad internacional mantiene la presión sobre el gobierno de Maduro para garantizar la transparencia y el respeto a los derechos humanos.
Versión Final
