Claudia Sheinbaum promulga la reforma constitucional que veta la doble nacionalidad para aspirantes presidenciales y gobernadores con miras a las elecciones de 2028. La mandataria de México, Claudia Sheinbaum, estampó su firma este miércoles 7 de octubre de 2026 en el decreto de reforma constitucional que obligará a cualquier ciudadano con aspiraciones a la Presidencia de la República, a una gubernatura estatal o a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México a renunciar a toda nacionalidad extranjera antes de inscribir su postulación electoral.
La disposición legal, cuya vigencia plena arrancará formalmente en el ciclo electoral de 2028, culminó con éxito su tránsito legislativo al sumar las mayorías calificadas necesarias en los recintos parlamentarios del país.
Aval de 22 congresos estatales y publicación en el Diario Oficial
La consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, detalló los alcances del instrumento jurídico durante la habitual conferencia matutina.
Alcalde confirmó que el texto legal verá luz pública este mismo miércoles en las páginas del Diario Oficial de la Federación (DOF).
El proyecto superó con holgura el filtro constitucional al conquistar el voto favorable de dos tercios de la Cámara de Diputados y del Senado, recibiendo paralelamente la ratificación formal de 22 legislaturas provinciales.
En tal sentido, la alta funcionaria gubernamental explicó el mecanismo procedimental que deberán acatar los aspirantes binacionales ante el árbitro electoral:
«Si alguna de las personas tuviera doble nacionalidad, puede renunciar a ella previo a registrarse ante el Instituto Nacional Electoral».
A este respecto, el decreto introduce modificaciones determinantes en el articulado de la Carta Magna, interviniendo directamente los artículos 82, 116 y 122:
- La normativa exige nacer en territorio mexicano como condición ineludible para buscar la titularidad de los poderes ejecutivos federal y regionales.
- El texto veta expresamente poseer una segunda ciudadanía al momento de formalizar la precandidatura.
- La ley obliga a consignar el desistimiento de cualquier otro estatus legal antes de acudir a las ventanillas de registro del organismo comicial.
Asimismo, la redacción normativa fija candados severos para quienes ya ejerzan las funciones públicas: los mandatarios en ejercicio no podrán adquirir una nacionalidad foránea, portar pasaportes extranjeros, ejercer derechos políticos en otros países ni acogerse al auxilio diplomático de un Estado exterior.
Aunado a esto, los juristas independientes aguardan la redacción de los manuales secundarios para constatar cómo operará la homologación de documentos ante cancillerías y consulados de otras naciones.
Plazos reglamentarios hacia 2028 y la doctrina soberana de Sheinbaum
Las normas pendientes y la adecuación en las provincias
Por otra parte, la puesta en práctica de este mandato exigirá una intensa labor legislativa complementaria durante los próximos meses.
Las autoridades federales todavía deben expedir las disposiciones reglamentarias específicas que normarán el protocolo exacto de renuncia.
Dichos reglamentos puntualizarán cuáles dependencias mexicanas y qué ministerios foráneos intervendrán para validar que la separación de la otra ciudadanía surta efectos plenos.
En consecuencia, tanto el Congreso de la Unión como los parlamentos de las entidades federativas adecuarán sus códigos comiciales locales antes de 2028 para armonizar sus leyes con el nuevo marco constitucional.
De igual manera, los partidos políticos tradicionales revisarán los perfiles de sus cuadros directivos y figuras emergentes para cerciorarse de que cumplan con la exclusividad de ciudadanía antes de armar sus boletas electorales.
Exclusividad patriótica y prevención de conflictos de interés
Por añadidura, la firma del decreto materializa una iniciativa que Sheinbaum presentó formalmente ante el parlamento a finales de agosto.
La jefa de Estado argumentó a lo largo de las discusiones que los líderes de los poderes ejecutivos deben guardar una fidelidad irrestricta con la patria.
La mandataria recalcó que quienes dirigen la nación o las gobernaciones deben representar de manera exclusiva los intereses de México, erradicando cualquier riesgo de colisión o conflicto derivado de poseer obligaciones legales con otras naciones del globo.
Por otro lado, diversos analistas constitucionales observan que esta medida cierra de tajo la posibilidad de que mandatarios apelen a protecciones consulares externas frente a investigaciones o controversias judiciales tras dejar el poder.
De modo que la promulgación de este texto normativo redefine de raíz las condiciones de elegibilidad para gobernar las entidades federativas y la República en la próxima década.
Con información de EFE
