Valencia, 22 de enero de 2026-. Ciudadanos reportan su preocupación por revisiones de teléfonos celulares. El decreto del Estado de Conmoción Exterior, publicado el 3 de enero, ha generado alarma entre los ciudadanos. Diversos reportes indican que funcionarios de seguridad solicitan acceso a teléfonos y contraseñas en alcabalas y puntos de control.
Estas prácticas, denunciadas en Caracas, Valencia, Ciudad Guayana y Anzoátegui, se produjeron tras la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores. Los afectados reportan que se revisan mensajes y archivos con contenido político o crítico.
Ciudadanos reportan su preocupación por revisiones de teléfonos celulares
Las denuncias difundidas en redes sociales muestran temor ciudadano. Muchos usuarios han eliminado información sensible de sus dispositivos por precaución.
Organizaciones de derechos humanos y expertos legales advierten que estas acciones violan la Constitución, que protege la privacidad y la inviolabilidad de las comunicaciones.
A pesar de estas denuncias, algunas autoridades han desmentido órdenes para requisar teléfonos. El alcalde de Maracaibo y la Policía Nacional Bolivariana reiteraron que estas prácticas carecen de sustento legal.
Una resolución conjunta de 2022 prohíbe la revisión arbitraria de celulares en alcabalas, reafirmando que los funcionarios no pueden invadir la privacidad digital sin autorización judicial.
Legalidad y excepciones
El acceso a un celular solo es legal bajo orden judicial o en casos de flagrancia según el Código Orgánico Procesal Penal. Revisar un teléfono por sospecha o curiosidad no cumple con los requisitos legales.
Abogados consultados explican que la posición política no es delito y que el Decreto de Conmoción no otorga un permiso para violar el artículo 48 de la Constitución.
Recomendaciones para ciudadanos
Organizaciones como Espacio Público aconsejan solicitar la orden judicial si un funcionario intenta revisar el dispositivo. También recomiendan registrar el nombre del funcionario, buscar testigos y denunciar ante el Ministerio Público.
Mantener la información cifrada, respaldar datos y eliminar mensajes sensibles automáticamente son medidas preventivas sugeridas. Estas acciones protegen la privacidad sin incumplir la ley.
Impacto social
La práctica ilegal de revisar celulares genera miedo y limita la libertad de expresión. La tensión entre seguridad nacional y derechos individuales resalta la necesidad de respetar la Constitución.
Mientras los ciudadanos buscan proteger su privacidad, las revisiones arbitrarias debilitan la confianza en las instituciones. Encontrar un equilibrio entre control del Estado y libertades personales es crucial para una sociedad democrática.
