Casi la mitad de los venezolanos respalda privatizar el servicio eléctrico pero exige resultados inmediatos en menos de un mes ante el colapso de los servicios públicos. La encuestadora Poder y Estrategia constató este miércoles 21 de octubre de 2026 un contundente rechazo popular hacia la gestión del sistema eléctrico venezolano.
El presidente de la firma, Ricardo Ríos, informó durante su participación en el espacio radial 2+2 que el 79 % de los consultados en diversos estratos evaluó el suministro de energía de forma negativa, ubicándolo entre malo y muy malo.
El estudio demoscópico reflejó una profunda transformación en la mentalidad colectiva sobre los modelos empresariales, al constatar que prácticamente la mitad de la ciudadanía respalda abrir el servicio a capitales privados para garantizar estabilidad.
Cambio de postura hacia el capital privado y reparto de preferencias
El presidente de la firma consultora desglosó los porcentajes exactos que arrojó el sondeo respecto a la propiedad y manejo de la electricidad:
- Ricardo Ríos puntualizó que el 49 % de los venezolanos manifestó su respaldo explícito a la privatización del servicio eléctrico.
- Alrededor del 30 % de los entrevistados consideró más conveniente implementar un sistema de administración mixto entre el Estado y las corporaciones privadas.
- Solo un 15 % de los participantes defendió mantener la totalidad de las operaciones eléctricas en manos exclusivas de las empresas públicas estatales.
- El analista recordó que en épocas pasadas el concepto de privatizar constituía un término repudiado socialmente, mientras que hoy la mitad del país comprende su urgencia.
- La investigación determinó con crudeza que menos del 10 % de los hogares en Venezuela disfruta simultáneamente de luz y agua potable las 24 horas del día.
En tal sentido, los expertos del área de servicios públicos interpretan esta disposición ciudadana como una respuesta desesperada ante la precariedad de la infraestructura básica.
A este respecto, diversos economistas coinciden en que la inversión estatal no logra cubrir el financiamiento indispensable para renovar turbinas y líneas de transmisión.
Aunado a esto, los voceros de las comunidades organizadas reclaman esquemas transparentes que impidan monopolios perjudiciales para los sectores más humildes.
Asimismo, los analistas de políticas públicas señalan que la opción mixta gana simpatías entre quienes prefieren supervisión gubernamental sin perder eficiencia privada.
Disposición tarifaria, límites del ingreso y la urgencia de resultados
La brecha entre una tarifa social y el salario real
Por otra parte, el informe indagó sobre el compromiso financiero que los usuarios estarían dispuestos a asumir para tener un servicio confiable.
Ríos destacó la imperiosa necesidad de sincerar y elevar el pago por los servicios públicos en el territorio nacional para garantizar su sostenibilidad técnica.
El directivo reveló que el 70 % de los venezolanos acepta cancelar tarifas de hasta 20 dólares mensuales a cambio de recibir un suministro continuo.
Dicho monto equivale a un esquema asistencial si se compara con los costos vigentes en las naciones vecinas, aunque choca con la realidad del bolsillo local.
El titular de la consultora enfatizó que la población razona sus gastos en función de su poder adquisitivo, recordando que infinidad de familias perciben sueldos de apenas 150 dólares al mes.
En consecuencia, los economistas advierten que cualquier ajuste en las facturas debe considerar la vulnerabilidad de las clases trabajadoras para eludir impagos masivos.
De igual manera, los comercios y pequeñas industrias calculan cuánto dinero ahorrarían en combustible para plantas generadoras si contaran con luz comercial estable.
Expectativas inmediatas y el riesgo de tensiones sociales
Por añadidura, el estudio demoscópico detectó un factor de fricción crucial en la paciencia de los consumidores frente a una eventual transición empresarial.
El tiempo de espera para observar un funcionamiento óptimo tras una privatización representa uno de los mayores desafíos institucionales.
El 70 % de los encuestados exigiría mejoras completas en menos de tres meses, mientras que un 50 % pretendería ver soluciones plenas en solo un mes.
Ríos sintetizó con claridad «Te das cuenta que el problema es muy grande y las expectativas son muy grandes también. Tienes que privatizar el servicio, tener una tarifa que la gente pueda pagar, pero, además, entendiendo que eso tiene que ser lo más rápido posible para evitar las fricciones».
Por otro lado, los ingenieros eléctricos alertan que reparar averías acumuladas durante décadas requiere plazos técnicos que sobrepasan las prisas vecinales.
De modo que el 79 % de rechazo a la luz pública, el 49 % a favor de privatizar, el límite de pago de 20 dólares y la demanda de cambios en 30 días definen un escenario complejo para el país.
Con información de Unión Radio
