Crónica Uno – Valencia, 23 de diciembre de 2024-. Frente a la estación La Hoyada del metro, en pleno centro de la ciudad, una mujer con dos niños intenta abrirse paso entre una multitud aglomerada.
Primero trata de colarse a través de unas motos estacionadas en la acera, pero es inutil, el espacio es demasiado estrecho. Avanzan lento. Al llegar a la otra esquina, se topa con un puesto improvisado de comida rápida con mesas y sillas instaladas que ocupan la caminería. Impaciente, se orilla hacia la vía para dar unos pasos, pero, al esquivar un carro se oye un frenazo. Por poco los atropellan.
“Barbies y pijamas navideñas a partir de 5 dólares, ¡compre y aproveche!», grita un vendedor ambulante con megáfono en medio del caos y del desorden.
Transeúntes caminan a tropezones entre tarantines, puestos improvisados y vendedores informales que abarrotan las calles de Catia, Sabana Grande, el Centro y Petare, y acaparan los espacios públicos de palmo a palmo, a propósito de la temporada alta.
Un recorrido hecho por Cronica.Uno constató que en zonas del oeste de la ciudad el auge de la venta informal gana terreno bajo dinámicas de control económico en las que las autoridades tienen poca o ninguna intervención.
En el centro de Caracas, la alcaldía del municipio Libertador es quien autoriza la venta informal. Sin embargo, buhoneros consultados denunciaron que en diciembre muchos vendedores se apropian de las aceras sin cumplir con los permisos requeridos, lo que incentiva una competencia feroz entre comerciantes.
Especialistas consultadas para este reportaje exhortaron a las alcaldías y concejos municipales a hacer valer las ordenanzas municipales e impulsar las negociación con el sector de la economía informal, mediante condiciones y acuerdos. Esto con el propósito de recuperar la movilidad en los espacios destinados al libre tránsito y el esparcimiento de la ciudadanía.
La ley de la calle
Jorge tiene casi 15 años vendiendo accesorios para hombre en el bulevar de Catia. Montó su tarantín en una de las calles más concurridas con apenas 20 años de edad y asegura que la buhonería ha sido el sustento de su familia.
Aunque se siente orgulloso de su trabajo explicó que en los últimos años la situación para los vendedores mermó. Esto lo atribuye a la pérdida del poder adquisitivo de la gente y la incursión de los llamados «colectivos» dentro de los espacios
“Soy uno de los más viejos aquí y por eso me respetan, no me piden dinero. Es como una ley, y todo el mundo sabe que aquí están metidos los colectivos. A los nuevos les piden una tarifa diaria que va de los $ 2 en adelante, solo por el toldo. La cuota del aseo y el alumbrado se paga aparte, $ 1 cada sábado. El que paga es quien tiene derecho a su espacio ”, aseguró.
Para descongestionar los espacios públicos, durante años se anunciaron varios procesos de desocupación de comerciantes informales. En enero de 2008, el entonces alcalde Freddy Bernal desalojó a vendedores y mercaderes que ocupaban ilegalmente zonas céntricas de la ciudad, del bulevar de Sabana Grande y del Casco Histórico.
En su momento el plan resultó exitoso, no obstante, hoy día Sabana Grande y sus alrededores están atestados de vendedores.
Más recientemente, a principios de 2023, unos 3.500 buhoneros fueron desalojados y obligados a paralizar sus ventas en el bulevar de Catia. Aunque la alcaldía les propuso una reubicación, los vendedores aseguraron que los lugares que les ofrecían no daban abasto ni para albergar a 10 % de los comerciantes censados. Este desacuerdo generó protestas entre los vendedores. Un año después se observa mayor cantidad de buhoneros y trabajadores informales que han instalado puestos de barbería, comida callejera y hasta pedicura en las calles.
Zulma Bolívar, experta en planificación, desarrollo local y diseño urbano, indicó que la regulación de la economía informal debe contemplar la creación de un inventario que permita llevar control de la cantidad de comerciantes, su ubicación y horarios de actividad. Esto con el fin de evitar irregularidades como insalubridad, desorden y colapso en los sitios de libre tránsito.
Bolívar puntualizó que recae en el gobierno local la responsabilidad de hacer cumplir las normativas que regulan el uso de los espacios públicos. Entre esas citó la Ordenanza de Convivencia Ciudadana, Civismo, Justicia y Paz Comunal publicada en Gaceta Oficial en mayo de 2023.
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