RT – Valencia, 17 de abril de 2024-. El Gobierno de Perú ha defendido reiteradamente la excarcelación, de diciembre pasado, del expresidente Alberto Fujimori, a tal punto que ha provocado la indignación de los familiares de sus víctimas, que exigen el cumplimiento de su sentencia a 25 años de cárcel.
«El Estado peruano no va a permitir que su soberanía sea afectada por decisiones que sean injustas, incorrectas y que invadan efectivamente nuestro sistema democrático y constitucional», afirmó el martes el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana.
En una conferencia de prensa, el titular defendió el informe remitido el 1 de abril a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el indulto otorgado al exmandatario (1990-2000). «El Perú exige que se respete su posición y nuestra soberanía jurídica nacional e internacional», dijo.
La liberación de Fujimori contravino una serie de disposiciones jurídicas, entre ellas la de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que en 2022 exhortó a Lima a mantenerlo en prisión, para garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la justicia de las víctimas de las tragedias de Barrios Altos y La Cantuta.
Respuesta
Este miércoles Gisela Ortiz, hermana del estudiante Luis Ortiz, una de las víctimas del caso La Cantuta, rechazó las declaraciones de Arana y arremetió contra el Ejecutivo que preside Dina Boluarte.
«Nos debería llenar de vergüenza como país tener a representantes del Poder Ejecutivo defendiendo a un delincuente como Alberto Fujimori. Sus condenas por corrupción y graves violaciones a los derechos humanos no han sido borradas», señaló.
Entrevistada en el programa ‘Las Mañanas’, del canal local Nativa, aseveró que Arana utilizó «argumentos basados en la mentira». «Perú no es una isla, no es un país aislado, formamos parte de varios sistemas y en derechos humanos hemos suscrito el Pacto de San José», expresó.
Ortiz aseguró que Fujimori está libre gracias a un «indulto negociado políticamente para que Boluarte se sostenga» en el cargo, al tiempo que recordó palabras recientes del expresidente, en las que revelaba un acuerdo en ese sentido.
«Un pacto político de este Gobierno autoritario, que no respeta derechos humanos, con el Tribunal Constitucional puesto por el fujimorismo y con los congresistas que avalan mayoritariamente la impunidad», añadió.
Con información de RT.
