Colombia y Venezuela rescatan a tres niñas víctimas de abuso y capturan a su madre. Tras ocho meses de investigación, autoridades colombianas y venezolanas lograron rescatar a tres niñas que estaban en un entorno de abuso sexual infantil y capturar a su madre, quien se desplazaba entre Cúcuta (Norte de Santander) y Ureña (Venezuela), informaron las autoridades responsables del caso.
La operación fue coordinada por el Centro Cibernético Policial de la DIJIN de Colombia, en conjunto con Interpol en Caracas, y se dio en el marco de una investigación internacional que permitió identificar y ubicar a las víctimas y a la presunta responsable a partir del análisis de material audiovisual encontrado en internet.
Investigación y hallazgos
La investigación se inició en junio de 2025 cuando se identificaron 24 videos e imágenes de abuso sexual infantil, cuyos metadatos permitieron establecer que habían sido grabados en Bucaramanga. La información fue corroborada durante entrevistas forenses con una de las niñas rescatadas.
A partir del análisis de perfiles en redes sociales, las autoridades identificaron 12 cuentas asociadas a las víctimas y a la mujer, estableciendo además características físicas que coincidían con las imágenes encontradas.
Colombia y Venezuela rescatan a tres niñas víctimas de abuso y capturan a su madre
El 28 de enero de 2026 las autoridades identificaron plenamente a la madre. El 26 de febrero, la mujer huyó desde Bucaramanga, donde trabajaba, hacia Ureña, en el lado venezolano de la frontera.
El 4 de marzo se realizó el restablecimiento de derechos de la primera niña rescatada en Cúcuta. Posteriormente, Interpol emitió una notificación azul, lo que permitió que el 13 de marzo fueran rescatadas las otras dos niñas en Ureña.
La madre fue ubicada a unos 300 metros de donde fueron rescatadas las menores, en la casa familiar del actual compañero sentimental, y fue capturada el 14 de marzo de 2026.
Proceso judicial
El 16 de marzo de 2026 se llevará a cabo la imputación de cargos en Venezuela por delitos asociados a abuso sexual infantil en internet, que podrían acarrear una pena superior a 18 años de prisión según la legislación de ese país.
El caso destaca no solo la cooperación transfronteriza entre fuerzas de seguridad, sino también la importancia de las investigaciones especializadas contra la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes, incluida la identificación de material de abuso en entornos digitales y su vinculación con redes criminales.
