Tras la aprobación de la reforma de la Constitución que otorga amplios poderes a Daniel Ortega y a su esposa, Rosario Murillo, las autoridades detuvieron al menos a 30 personas por motivos políticos.
«Desde el 22 de noviembre hemos confirmado al menos 30 detenciones ilegales, con otra cantidad de denuncias por verificar», denunció este viernes 29 de noviembre la organización Monitoreo Azul y Blanco, que desde 2018 registra las denuncias de violaciones a derechos humanos vinculados al contexto político del país.
Tildando de “flagrante violación de los derechos humanos», la ONG declaró que las familias de las personas detenidas han sido privadas de información sobre el paradero y estado de sus parientes.
Las detenciones, señala la organización, se efectuaron mediante “redadas” policiales, sin órdenes legales y sin acceso a abogados o visitas familiares, incumpliendo las garantías mínimas establecidas por el derecho internacional.
Sin rastro de la comunidad internacional, observadores u otras ONG internacionales que puedan monitorizar la situación, las familias afectadas y las organizaciones civiles demandan «acciones urgentes para presionar al régimen a liberar a las personas detenidas y cesar la persecución sistemática».
Ni el Gobierno de Nicaragua ni la Policía Nacional han ofrecido sus versiones sobre la denuncia de esas detenciones, manteniéndose en silencio.
¿En qué consiste la reforma constitucional en Nicaragua?
La peor crisis política y social desde 2021 tiene sus motivos y cada vez que Ortega tensa un poco más la cuerda a favor de sus intereses, la represión se agudiza. De hecho, hace tres años fue cuando el máximo mandatario fue reelegido por cuarto mandato consecutivo, con opositores llenando las celdas del país.
En esta ocasión, el motivo es mayor. Ortega y su mujer, Rosario Murillo, forman un tándem para eternizar su puesto al mando del país y abren la puerta a que sus hijos continúen con el legado, por ahora, como vicepresidentes.
Una «dinastía sin precedentes» en el país, subrayan los expertos políticos y ciudadanos en contra de los cambios recientemente establecidos en la Constitución del país.
Aunque el Gobierno señala que la reforma es parcial, incluye la modificación de 135 artículos y la derogación de 38, por deseo expreso de un copresidente y copresidenta que poco han tenido que luchar en el parlamento: la mayoría sandinista es efectiva, con los 91 legisladores que votaron de forma unánime.
Con los cambios introducidos, a partir de ahora, la Presidencia coordinará a los órganos legislativo, judicial, electoral, de control y regionales y municipales.
La reforma también dictamina que la Presidencia de la República sea la Jefatura Suprema del Ejército de Nicaragua, de la Policía Nacional y del Ministerio del Interior.
Se establece la ampliación del mandato presidencial de cinco a seis años y , además, ambos “copresidentes”, desde el año de su reelección tendrán “inmunidad”. Por tanto, la reforma ordena al sistema financiero nacional desatender las sanciones internacionales, al indicar que «ninguna medida violatoria del derecho internacional» tomada por Estados, grupos de Estados o gobiernos extranjeros en contra de instituciones, funcionarios y/o personas nicaragüenses tendrá validez en el país.
Malas noticias, también, para los periodistas que quieran vigilar las acciones del Estado.
Y es que la renovada Constitución aumenta el control a los medios de comunicación por parte del Ejecutivo.
Como si fuera poco, la reforma constitucional en Nicaragua otorga mayores poderes a la Policía y el Ejército de la nación.
En ese sentido, se creará la Policía Voluntaria como un cuerpo auxiliar y de apoyo a la Policía Nacional que, de facto, serán fuerzas parapoliciales y paramilitares, según destacan organizaciones civiles.
Con información de EFE, France 24 y medios locales