Valencia, 19 de noviembre de 2026-. Aseguraron que los grupos guerrilleros y las organizaciones criminales mantienen su expansión territorial en Venezuela pese a los operativos militares ejecutados durante los últimos años.
Los grupos guerrilleros y las organizaciones criminales mantienen su expansión territorial en Venezuela, pese a los operativos militares ejecutados durante los últimos años. Expertos en seguridad y derechos humanos advierten que estas intervenciones han reducido algunas actividades, pero no han eliminado las estructuras que sostienen las economías ilícitas.
La situación preocupa especialmente en la frontera con Colombia y la Amazonía venezolana. En esas regiones persisten campamentos, corredores de movilidad y redes de apoyo que permiten a los grupos armados replegarse y retomar sus operaciones en otros sectores.
El criminólogo y especialista en seguridad Pedro Barrueco Pérez señaló que existe el riesgo de que los espacios utilizados como refugio por organizaciones transnacionales en territorio venezolano terminen convirtiéndose en asentamientos permanentes.
Según el experto, los grupos aprovechan los aproximadamente 2.200 kilómetros de frontera entre ambos países para establecer posiciones defensivas y rutas de desplazamiento. Esta dinámica les permite mantener operaciones, trasladar recursos y buscar zonas de resguardo ante la presión de las autoridades.
Aseguraron que los grupos guerrilleros y las organizaciones criminales mantienen su expansión territorial en Venezuela pese a los operativos militares ejecutados durante los últimos años
Barrueco explicó que la presencia de organizaciones criminales transnacionales en la frontera colombo-venezolana tiene antecedentes históricos. A su juicio, los campamentos funcionan como una estructura operativa desde la cual los grupos organizan sus movimientos y establecen corredores para replegarse.
El especialista también comparó los enfoques de seguridad aplicados en Colombia durante los últimos años. Recordó que el gobierno del expresidente Gustavo Petro priorizó una política orientada a desescalar el conflicto mediante negociaciones y acuerdos de paz.
En contraste, describió un cambio hacia una estrategia que identifica a determinadas organizaciones como «narcoterroristas». Según su explicación, el nuevo enfoque busca limitar su movilidad mediante la actuación conjunta de las Fuerzas Armadas, los cuerpos de seguridad y las fiscalías.
Barrueco sostuvo que, antes de ese cambio, las autoridades colombianas habían identificado el territorio venezolano como un espacio al que algunos grupos cruzaban para encontrar refugio.
El experto señaló que estas organizaciones combinan actividades como el narcotráfico y otras economías ilícitas con prácticas de violencia y mecanismos de control territorial. También advirtió que podrían ampliar sus redes en Venezuela y establecer formas de gobernanza que restrinjan la movilidad de los habitantes y su participación política.
El tráfico de migrantes también habría representado una fuente de ingresos para estas estructuras. Barrueco explicó que los grupos aprovecharon el desplazamiento de millones de venezolanos durante los años de mayor migración para desarrollar actividades ilegales en las rutas fronterizas.
A su juicio, su capacidad de adaptación les permite identificar nuevas oportunidades económicas y modificar sus operaciones cuando aumenta la presión de las autoridades.
La minería ilegal se reanuda en la Amazonía venezolana
La expansión de las economías ilícitas también se refleja en los estados Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro. El informe Situación de los derechos humanos en Venezuela 2025, elaborado por el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), documenta la presencia de grupos armados irregulares y redes criminales en territorios indígenas.
Las denuncias recopiladas por la organización describen ocupaciones de comunidades, control de minas y rutas fluviales, reclutamiento de jóvenes, amenazas y desplazamientos.
Emiliano Terán Mantovani, sociólogo e investigador de Provea y del Observatorio de Ecología, alertó sobre la continuidad de la minería ilegal después de las intervenciones militares.
El investigador mencionó el Parque Nacional Yapacana, en Amazonas, donde los operativos habían conseguido reducir la actividad minera. Sin embargo, posteriormente se detectó la reanudación de la explotación.
Terán explicó que los desalojos no necesariamente eliminan la actividad, porque los mineros y las redes logísticas pueden trasladarse hacia otras zonas. Por ello, consideró necesario aplicar medidas que vayan más allá de las operaciones militares.
También señaló avances de la frontera minera en distintas cuencas hidrográficas de Amazonas y Bolívar, incluido el río Caroní y algunos de sus afluentes.
Daños ambientales y presión sobre comunidades indígenas
Terán advirtió que la minería ilegal provoca daños ambientales que pueden resultar difíciles de reparar. Entre ellos mencionó la remoción de los suelos del escudo guayanés, la deforestación y el deterioro de las cuencas hidrográficas.
El investigador destacó especialmente la situación del río Caroní, debido a su importancia para la generación hidroeléctrica venezolana. Según explicó, la continuidad de la explotación minera agrava el deterioro de este sistema fluvial.
Asimismo, señaló que las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) se fragmentaron y dieron origen a distintas estructuras independientes. Por esa razón, consideró impreciso identificar a todos los grupos armados bajo una misma denominación.
El especialista también mencionó conflictos en comunidades indígenas y zonas mineras de Bolívar. Entre ellas destacó el municipio Sifontes, donde se han registrado disputas relacionadas con la extracción de casiterita y estaño, con señalamientos sobre la actuación de grupos vinculados a la guerrilla colombiana o a sus antiguas estructuras.
Los análisis de imágenes satelitales permiten identificar nuevos focos de actividad minera en distintas cuencas de la región. Para Terán, estos registros muestran que el problema no se limita a la permanencia de las explotaciones existentes, sino que también incluye el avance de la frontera minera.
