En una sesión legislativa decisiva para el futuro económico del país, la Asamblea Nacional aprobó por unanimidad la nueva Ley Orgánica de Minas este jueves 9 de abril de 2026. El instrumento legal surge como una respuesta estructural a la baja operatividad del sector y busca establecer reglas claras para la participación de capitales mixtos y privados en la exploración y explotación de yacimientos minerales en todo el territorio nacional.
La normativa, que consta de más de cien artículos, fue sometida a una consulta pública intensa durante el primer trimestre del año, logrando el consenso de diversas fracciones políticas que coinciden en la necesidad de diversificar los ingresos de la nación más allá de la renta petrolera.
Impulso a la inversión y seguridad jurídica
Uno de los pilares de la nueva Ley Orgánica de Minas es la creación de un ecosistema de seguridad jurídica diseñado para atraer a grandes operadoras internacionales. Entre las innovaciones que presenta el texto legal destacan:
- Contratos de Estabilidad: Garantías de que las condiciones fiscales y operativas se mantendrán vigentes durante la duración de las concesiones.
- Ventanilla Única Minera: Un mecanismo burocrático simplificado para agilizar los permisos ambientales y de explotación, reduciendo los tiempos de espera para el inicio de proyectos.
- Protección de Capital: Cláusulas específicas que facilitan la repatriación de dividendos y la reinversión tecnológica en las zonas mineras.
Enfoque en soberanía y ambiente
Durante el debate parlamentario, se enfatizó que, si bien la ley abre las puertas a la inversión extranjera, el Estado mantiene el control estratégico sobre los recursos del subsuelo. La Asamblea Nacional aprobó la Ley de Minas incluyendo estrictos controles de supervisión ambiental, exigiendo a las empresas planes de recuperación de suelos y el uso de tecnologías limpias para minimizar el uso de mercurio y otros químicos nocivos en las cuencas hidrográficas del sur del país.
Asimismo, la ley contempla un porcentaje de regalías destinado directamente al desarrollo de las comunidades indígenas y locales adyacentes a los proyectos mineros, buscando que la riqueza extraída se traduzca en mejoras tangibles en infraestructura, salud y educación regional.
Para este segundo trimestre de 2026, la promulgación de esta ley se considera un paso fundamental para elevar la capacidad operativa del sector, que actualmente se encuentra en niveles críticos. Con este nuevo marco jurídico, el Gobierno espera formalizar la actividad minera, combatir la extracción ilegal y posicionar a Venezuela como un destino competitivo para la minería de oro, hierro, bauxita y minerales estratégicos necesarios para la industria tecnológica global.
Con información de Versión Final.
