Alberto News-Caracas, 22 de marzo de 2024. Luego de haber estado prófugo por más de medio año, la Policía Federal Argentina (PFA) confirmó que un ciudadano de nacionalidad argentina fue detenido en la provincia Entre Ríos. Previamente, el hombre contaba con una captura internacional emitida por Interpol, debido a que se trata de un individuo que fue acusado por presuntamente haber cometido delitos de corrupción en Venezuela.
El operativo de detención se trató de una acción coordinada entre la Justicia de Venezuela y las autoridades nacionales luego de que las investigaciones apuntaran que el fugitivo, identificado como Jorge Germán Bonelli (38), se encontraba en la localidad entrerriana de Chajarí. Una vez que se recabaran los indicios necesarios, los agentes de la PFA irrumpieron en un domicilio ubicado entre la Avenida Belgrano y Entre Ríos.
Aparentemente, el detenido era buscado desde junio del año pasado por las autoridades venezolanas, debido a que fue involucrado en una investigación centrada en un presunto esquema de corrupción que comercializaba crudo proveniente de la empresa Petróleos de Venezuela S.A (PDVSA). En la misma causa, fueron imputados otros cuatro operadores internacionales.
De esta manera, se ordenó la captura del sospechoso bajo la argumentación de que podría tratarse de uno de los responsables de supuestamente haber incurrido en la comisión de “los delitos de tráfico y comercio ilícito de recursos o materiales estratégicos, legitimación de capitales, y asociación”. Además, se le sumó una imputación por el delito de “contrabando agravado”, según la información recopilada por Análisis Digital.
El rastreo del paradero fue realizado por la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones luego de haber accedido a las bases de datos de organismos privados y públicos. Además, para la pesquisa se utilizaron los sistemas informáticos de la Organización Internacional de Policía Criminal-INTERPOL y se navegó en las redes sociales.
Desde el Ministerio de Seguridad de Argentina confirmaron que el aprehendido fue puesto a disposición del Juzgado Federal de Primera Instancia de Concordia, a cargo de la Dra. Analía Ramponi, quien será la encargada de gestionar el proceso de extradición.
“El aprehendido sería operador y testaferro de otro fugitivo, de nacionalidad italiana, que presumiblemente sería el principal miembro de la estructura delictiva”, informaron desde la cartera. Asimismo, precisaron que Bonelli figuraría como el dueño, director y tesorero de varias compañías que habría creado en diferentes jurisdicciones.
En este sentido, explicaron que los negocios habrían participado en actividades como el trading, fletamiento, compra de buques tanqueros e identificaciones falsas que tenían como objetivo poder concretar el robo de las cargas de crudo, para después comercializarlas como si se tratara de producción propia.
Por su parte, la titular de la cartera Patricia Bullrich compartió las imágenes del procedimiento en su cuenta personal de X, en donde celebró la captura y posterior traslado del acusado a Venezuela. “Argentina no es refugio de delincuentes. ¡Las hace, las paga!”, sentenció.
Anteriormente, la ministra le pidió a la Justicia que se encargue de expulsar a los ciudadanos extranjeros que no cuenten con residencia y que hayan cometido delitos en el país. En ese momento, la funcionaria pública planteó su postura luego de que se realizara una toma de terrenos en La Matanza, la cual tuvo un saldo de 5 muertos al haberse gestado un enfrentamiento entre dos grupos.
Según la información a la que accedió Infobae, tres de los hombres eran de nacionalidad argentina, uno peruana y el último no había sido identificado, mientras que se confirmó que uno de los acusados de haber participado en los crímenes se trataba de un hombre de 43 años, de origen paraguayo.
“En caso de haber personas que usurpan terrenos que son extranjeros que no tienen domicilio permanente en la Argentina, la Justicia debería proceder a echarlos del país de manera inmediata”, expresó Bullrich durante una entrevista en Radio Mitre.
En este sentido, la ministra remarcó que “es una medida correctiva que hay que hacer de manera inmediata” después de que ratificara que “el que viene usurpar, a matar, debe ser expulsado a menos que haya nacido en Argentina o tenga una residencia permanente”.
