Valencia, 1 de diciembre de 2025-. Argentina le exigió a la CPI una «acción inmediata» contra Venezuela. La tensión entre Argentina y Venezuela aumentó tras la intervención del representante argentino, Diego Emilio Sadofschi. El funcionario exigió una actuación “inmediata” por parte de la Corte Penal Internacional ante el “deterioro” de la situación en Venezuela.
Sadofschi afirmó que las “elecciones fraudulentas de julio de 2024” agravaron el escenario político y social del país. Además, lamentó la falta de avances desde que la Fiscalía abrió en 2021 la investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad.
El diplomático señaló que las detenciones arbitrarias y los tratos inhumanos requieren procesos rigurosos y expeditivos, incluyendo posibles órdenes de arresto contra los principales responsables.
Minutos después, el embajador venezolano, Héctor Constant Rosales, respondió con dureza. Acusó al Gobierno argentino de “politizar” la conferencia y atacar la legitimidad del Ejecutivo venezolano. También calificó de “vergonzosa” la conducta argentina en organismos multilaterales.
Argentina le exigió a la CPI una «acción inmediata» contra Venezuela
La tensión entre Argentina y Venezuela se profundizó cuando Caracas acusó a Buenos Aires de votar recientemente contra varias resoluciones de la ONU sobre derechos humanos. Entre ellas destacó una adoptada el 20 de noviembre sobre tortura y tratos crueles, lo que, según Venezuela, la convierte en un “falso defensor de derechos humanos”.
Sadofschi aclaró que la decisión de Argentina de no bloquear el consenso en la Asamblea no debe interpretarse como un gesto hacia Venezuela. Aseguró que responde al compromiso argentino con la CPI y con el funcionamiento institucional del tribunal.
Venezuela, por su parte, atribuyó su deuda con la Corte a las “medidas coercitivas unilaterales ilegales” que le impiden cumplir con sus obligaciones. Indicó que podrá saldar los pagos cuando esas sanciones sean levantadas.
Anuncio de la CPI y escenario de fondo
El intercambio se produjo poco después del anuncio de la Fiscalía de la CPI sobre el cierre de su oficina en Caracas. La decisión se tomó por la falta de “progreso real” en materia de “complementariedad”, principio que obliga al país investigado a realizar esfuerzos judiciales propios antes de la intervención del tribunal.
La CPI inició la investigación sobre Venezuela en 2018 tras una remisión de varios países. Sin embargo, Caracas intentó frenar el caso argumentando que su sistema judicial llevaba adelante investigaciones internas. La Corte rechazó esa postura en 2023 y autorizó la reanudación de las pesquisas.
