Aprobación de nuevas Green Cards en EE. UU. cae a la mitad bajo la administración de Trump. La política migratoria de los Estados Unidos ha experimentado un giro radical durante el primer mes de 2026, afectando directamente la estabilidad de miles de extranjeros. Según una investigación reciente del Instituto Cato, la aprobación de tarjetas de residencia legal, popularmente conocidas como Green Cards, se ha desplomado casi en un 50% en comparación con el año anterior.
El informe revela que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha suspendido el procesamiento de múltiples solicitudes, una medida que ha dejado en el limbo a refugiados, beneficiarios de protección condicional y cónyuges de ciudadanos estadounidenses. Mientras que en enero de 2025 se aprobaron 65.000 residencias, la cifra cayó estrepitosamente a apenas 34.000 en enero de este año.
Este descenso en la entrega de las Green Cards no es un hecho aislado, sino que parece formar parte de una estrategia deliberada para facilitar la labor de las agencias de control. El investigador David J. Bier señala que, al frustrar los esfuerzos de las personas por mantener un estatus legal, el Gobierno permite que el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) incremente su operatividad. Por consiguiente, los arrestos migratorios se han triplicado en el mismo periodo, pasando de poco más de 12.000 detenciones el año pasado a superar las 38.000 en el inicio de 2026. Esta situación ha generado un clima de incertidumbre entre quienes ya residen en el país y buscan regularizar su permanencia a largo plazo.
El análisis del Instituto Cato atribuye esta caída a las restricciones impuestas para que los inmigrantes cambien su estatus migratorio. Actualmente, Estados Unidos impide que muchos beneficiarios de programas humanitarios o refugiados realicen la transición hacia la residencia permanente. Asimismo, se ha registrado una disminución del 20% en las aprobaciones de tarjetas patrocinadas por familiares directos que ya viven en suelo estadounidense. El endurecimiento de los trámites por la falta de Green Cards disponibles se suma a la orden ejecutiva que suspende procesos para ciudadanos de 40 naciones, incluyendo países con crisis migratorias activas como Venezuela, Cuba y Nicaragua.
En conclusión, la suspensión de diversas vías para obtener la residencia legal se ha convertido en una precondición necesaria para ejecutar deportaciones a gran escala. Al remover o congelar el estatus legal de los solicitantes, el sistema facilita la clasificación de estas personas como sujetos de arresto y posterior remoción del territorio nacional. Los expertos advierten que estas medidas podrían tener un impacto profundo en la economía y en la estructura familiar de las comunidades migrantes. Mientras tanto, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) mantiene una operatividad reducida en el procesamiento de beneficios, priorizando la aplicación de leyes restrictivas sobre la integración de nuevos residentes permanentes.
Con información de Banca y Negocios.
