Alto comisionado de la ONU Volker Türk tilda de «inaceptables» las sanciones de Washington contra la Corte Penal Internacional y pide blindar con urgencia a los 125 Estados miembros. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos, Volker Türk, juzgó este viernes 9 de octubre de 2026 como «inaceptables» las sanciones institucionales anunciadas por el Gobierno de Estados Unidos contra la Corte Penal Internacional (CPI).
El máximo representante de la diplomacia humanitaria de la ONU emitió una contundente declaración pública donde condenó los castigos adoptados por la administración norteamericana, advirtiendo sobre el peligroso precedente que significa socavar a los magistrados y fiscales internacionales.
Al mismo tiempo, el funcionario internacional demandó acciones inmediatas y coordinadas de la comunidad jurídica exterior para salvaguardar la integridad de la institución.
Calificativo de represalia, defensa de funcionarios y rechazo en la ONU
El jefe de la oficina de derechos humanos de la organización mundial arremetió contra las resoluciones punitivas que aprobó la Casa Blanca contra el organismo jurídico.
Türk denunció que estas decisiones constituyen una escalada hostil orientada a entorpecer los juicios por atrocidades masivas en el planeta:
«Las sanciones, últimas de una serie de medidas de represalia contra la CPI y su personal por la labor que realizan cada día para promover la rendición de cuentas por las violaciones más graves de los derechos humanos, son inaceptables».
En tal sentido, el diplomático austriaco desglosó los riesgos directos que estas medidas coercitivas traen sobre el ejercicio de la ley en los cinco continentes:
- Las decisiones unilaterales buscan amedrentar a los equipos legales encargados de procesar crímenes de guerra y de lesa humanidad.
- Las penalizaciones económicas y diplomáticas castigan directamente la labor cotidiana de los juristas dedicados a la rendición de cuentas.
- El comisionado alertó que la comunidad de naciones no debe permitir bajo ningún concepto que tales presiones ejerzan un efecto disuasorio en los juicios abiertos.
- La oficina de derechos humanos considera prioritario mantener a resguardo los expedientes y las deliberaciones confidenciales del tribunal de La Haya.
A este respecto, diversos juristas internacionales coinciden con el vocero de la ONU en que castigar a los funcionarios de justicia debilita los avances alcanzados en la persecución de violaciones a la dignidad humana.
Aunado a esto, las organizaciones no gubernamentales que acompañan a víctimas de crímenes graves manifestaron su respaldo al pronunciamiento del comisionado.
Asimismo, los analistas de política exterior advierten que este choque frontal entre Washington y la sede judicial en los Países Bajos profundiza la polarización institucional en los foros globales.
El llamado a los 125 Estados parte y el resguardo del Estatuto de Roma
Apelación directa a la membresía del tratado fundador
Por otra parte, la máxima autoridad de derechos humanos dirigió un petitorio perentorio a las capitales signatarias del documento constitutivo de la corte.
Türk instó formalmente a los 125 Estados parte del Estatuto de Roma —el instrumento multilateral que dio nacimiento a la CPI— a tomar una postura activa frente a las agresiones institucionales.
El alto comisionado les solicitó adoptar con rapidez «medidas urgentes» destinadas a blindar el trabajo esencial de los tribunales y afianzar las garantías financieras y logísticas de su funcionamiento.
En consecuencia, los países miembros evalúan mecanismos conjuntos de respaldo diplomático para neutralizar el impacto que las trabas impuestas por Estados Unidos puedan causar en los litigios cotidianos.
De igual manera, delegaciones de distintas regiones del mundo preparan pronunciamientos en Ginebra y Nueva York para ratificar su apego incondicional a la jurisdicción de La Haya.
La lucha por preservar la rendición de cuentas
Por añadidura, la apelación del comisionado pone de relieve la vulnerabilidad de las instancias multilaterales cuando las potencias aplican vetos o sanciones individuales.
La permanencia de la CPI depende del compromiso político y operativo que muestren las naciones comprometidas con el derecho humanitario.
Türk insistió en que ninguna interferencia política debe frenar las investigaciones contra perpetradores de delitos atroces, sin importar su nacionalidad ni su poderío estatal.
Por otro lado, los defensores de los derechos civiles recalcan que doblegar a los jueces de La Haya sentaría un funesto mensaje de impunidad hacia el futuro.
De modo que la combinación de sanciones anunciadas desde Washington, la férrea condena de Naciones Unidas y la alerta entre los 125 Estados firmantes marca una encrucijada crítica para el orden jurídico planetario.
Con información de EFE
