Valencia, 24 de febrero de 2026-. Alertan que nuevo modelo petrolero amenaza los ecosistemas. La promulgación de la reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos el 29 de enero redefine funciones del Ejecutivo en la industria energética. Según analistas, busca atraer inversión extranjera, especialmente de EE. UU., ofreciendo mayores beneficios operativos y de propiedad a corporaciones internacionales.
El objetivo declarado por Delcy Rodríguez es maximizar la producción y revertir niveles críticos de extracción de crudo, pero especialistas advierten sobre graves impactos ecológicos acumulados.
Amenaza ambiental por explotación
Nueva Ley Hidrocarburos pone en riesgo ecosistemas al priorizar extracción sobre mitigación de daños en zonas vulnerables.
Organizaciones como Mongabay Latam alertaron que la normativa carece de salvaguardas ambientales efectivas. La fiscalización estatal ha sido descrita como insuficiente e inconsistente, aumentando el riesgo sobre ecosistemas ya deteriorados.
De acuerdo con la Asamblea Nacional, la producción podría superar 1.500.000 barriles diarios para finales de 2026. Pdvsa no ha rendido cuentas sobre derrames petroleros desde hace una década, con registros de 8.250 incidentes entre 2016, de los cuales 36.124 barriles afectaron cuerpos de agua.
Formalización del capital y minería
Nueva Ley Hidrocarburos pone en riesgo ecosistemas mientras formaliza capital internacional y reduce control estatal.
El investigador Emiliano Terán Mantovani explicó que la reforma elimina obstáculos para la inversión extranjera, otorgando facilidades a corporaciones estadounidenses. Pdvsa pasa de actor principal a administrador, limitando su capacidad de controlar impactos ambientales directos.
En minería, especialmente en el Arco Minero del Orinoco, la destrucción ambiental es severa. Entre 2000 y 2020, se perdió más de un millón de hectáreas de bosque, con un 40 % de cobertura vegetal desaparecida desde 2015.
Protección de inversores sobre patrimonio nacional
El investigador señaló que la ley prioriza compensaciones y rentabilidad empresarial, reduciendo regulaciones ambientales. Oleoductos sin mantenimiento y quema de gas afectan comunidades pesqueras y agrícolas.
Los expertos coinciden en que no existe gestión ambiental real sin restaurar la participación ciudadana y canales de denuncia efectivos. Comunidades del Lago de Maracaibo, Falcón y el Arco Minero continúan vulnerables frente a un modelo extractivo que prioriza divisas sobre sostenibilidad de vida.
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