Valencia, 3 de febrero de 2026-. Acuerdo bipartidista pone fin al cierre del Gobierno federal tras días de paralización parcial. La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó un acuerdo bipartidista que restablece el financiamiento federal.
El paquete, valorado en 1,2 billones de dólares, cubre defensa, salud, educación y vivienda hasta septiembre.
La votación fue ajustada: 217 a favor y 214 en contra. Veintiún republicanos votaron en contra.
Mientras, 21 demócratas dieron su apoyo, demostrando la presión sobre los legisladores para alcanzar consenso.
El Senado había aprobado la medida previamente con amplio margen. El presidente Trump aseguró que firmará la ley “de inmediato”.
La aprobación evita un nuevo cierre largo que podría afectar a millones de estadounidenses.
Acuerdo bipartidista pone fin al cierre del Gobierno federal tras días de paralización parcial
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) solo recibirá fondos hasta el 13 de febrero.
Demócratas exigen restricciones a tácticas migratorias tras la muerte de Renee Good y Alex Pretti en Mineápolis.
La secretaria del DHS, Kristi Noem, anunció que los agentes federales usarán cámaras corporales en Mineápolis de manera inmediata.
Esta medida se extenderá a nivel nacional mientras continúan las negociaciones sobre la financiación del DHS.
El paquete aprobado representa 11 de los 12 proyectos de asignaciones anuales del Congreso.
El último proyecto pendiente deberá resolverse en las próximas dos semanas, con diferencias políticas aún por superar.
Presión política y próximos pasos
El presidente de la Cámara, Mike Johnson, reconoció la dificultad de lograr consenso en su partido.
El líder de la mayoría, Steve Scalise, indicó que nunca se empieza con todos los apoyos necesarios.
Trump presionó para mantener la unidad y evitar cambios en el acuerdo, recordando el cierre récord de 43 días del año pasado.
El financiamiento permitirá que departamentos clave y servicios esenciales, como parques nacionales y asistencia nutricional, sigan operando normalmente.
Legisladores enfrentan un plazo limitado para definir la financiación y posibles reformas del DHS,
en un contexto marcado por tensión política y presión pública tras los incidentes en Mineápolis.
