Valencia, 19 de noviembre de 2026-. Problemáticas que afectan a las mujeres venezolanas quedarán fuera de la agenda de la COP31 .
Las mujeres enfrentan impactos desproporcionados del cambio climático, pero sus necesidades no ocuparon un lugar destacado en la participación de Venezuela en la COP31. Aunque Delcy Rodríguez encabezó la delegación nacional en la conferencia celebrada en Antalya, Turquía, no presentó propuestas específicas para atender las consecuencias de la crisis ambiental sobre las venezolanas.
Los efectos económicos y sociales del calentamiento global golpean especialmente a los hogares encabezados por mujeres. Según cifras de ONU Mujeres, las pérdidas asociadas a los desastres naturales pueden alcanzar entre 16.000 y 17.000 millones de dólares, dependiendo del fenómeno.
Además, las proyecciones advierten que, para 2050, la crisis climática podría empujar a 158 millones de mujeres y niñas a la pobreza y a otras 232 millones a la inseguridad alimentaria.
La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático se celebró entre el 9 y el 20 de noviembre de 2026. Rodríguez fue una de las ocho mujeres que participaron en las plenarias de alto nivel y estuvo acompañada por la ministra de Hidrocarburos, Paula Henao.
Durante su intervención, la presidenta encargada reconoció la emergencia climática, defendió la industria petrolera venezolana y reclamó financiamiento para los países en desarrollo. Sin embargo, no abordó las dificultades que enfrentan las mujeres ante las sequías, inundaciones y temperaturas extremas.
Problemáticas que afectan a las mujeres venezolanas quedarán fuera de la agenda de la COP31
La falta de políticas específicas se suma a la precariedad de los servicios públicos. Cuando escasea el agua o se interrumpe la electricidad, las tareas domésticas y de cuidado no desaparecen. Por el contrario, recaen con mayor intensidad sobre las mujeres.
Muchas deben buscar agua, preparar alimentos y atender a niños, adultos mayores o personas enfermas. Estas responsabilidades aumentan cuando los fenómenos climáticos afectan el funcionamiento de los hogares y las comunidades.
La organización Clima21, dedicada a promover los derechos humanos ambientales en Venezuela, ha advertido que el país carece de un plan nacional de adaptación al cambio climático y de un plan de acción de género y cambio climático.
Tampoco existen datos oficiales desagregados que permitan medir cómo afectan las sequías, las altas temperaturas y otros fenómenos a las mujeres venezolanas.
Clima21 reclama la elaboración de estos instrumentos y la recopilación de información sobre seguridad alimentaria, salud y acceso al agua. Sin estadísticas específicas, las autoridades no pueden dimensionar las consecuencias ni diseñar respuestas ajustadas a las necesidades de esta población.
La participación femenina sigue siendo minoritaria
La desigualdad también se refleja en los espacios internacionales donde se toman las decisiones climáticas. Durante la COP31, ONU Mujeres presentó cifras sobre la limitada representación de las mujeres en los sectores vinculados con la energía y el ambiente.
Sarah Hendriks, directora de programas, políticas y asuntos intergubernamentales de la organización, señaló que apenas 12% de las carteras ministeriales de energía del mundo están dirigidas por mujeres.
También alertó sobre los riesgos que enfrentan las defensoras ambientales, quienes pueden sufrir acoso e incluso perder la vida por proteger sus territorios.
La representación fue reducida también en la Cumbre de Líderes Mundiales. Según un conteo de Global Women Leaders Voices, solo ocho de los 86 mandatarios participantes eran mujeres.
En el pabellón de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), por ejemplo, apenas una de las ocho personas ponentes era mujer.
Xiomara Acevedo, directora de la organización colombiana Barranquilla+20, considera que esta desigualdad responde a una estructura histórica de las negociaciones climáticas.
«Este espacio sigue siendo todavía masculinizado, muy patriarcal, muy blanco. Eso nos motivó a empezar el proceso de Mujeres por la Justicia Climática, para darle la vuelta a esa realidad», explicó.
Acevedo cuestionó que las discusiones internacionales se concentren principalmente en reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. A su juicio, también deben atender la adaptación de ciudades, comunidades rurales y territorios a los cambios que ya están ocurriendo.
La activista sostuvo que las mujeres no deben ser reconocidas únicamente como víctimas de la emergencia ambiental. También deben valorarse sus conocimientos, experiencias y estrategias para responder a las dificultades cotidianas.
«En más de 31 años de negociación no se ha logrado un abordaje que reconozca las contribuciones. No nos sirve que se nos reconozca solamente como víctimas o personas impactadas», afirmó.
El Plan de Acción de Género busca cambiar las políticas climáticas
Otro de los asuntos presentes en la COP31 fue el Plan de Acción de Género de Belém, aprobado durante la COP30, celebrada en Brasil en 2025.
El documento establece 27 actividades y 98 entregables para incorporar las necesidades y contribuciones de las mujeres en las políticas climáticas durante el período 2026-2034.
Entre sus prioridades figuran la salud, el trabajo de cuidados, la protección de las defensoras ambientales y la adaptación de los ecosistemas.
Sin embargo, su aplicación depende de que los gobiernos conviertan esos compromisos en medidas concretas, con presupuestos y mecanismos para evaluar los resultados.
En el caso venezolano, la ausencia de planes nacionales de adaptación y de género representa un obstáculo para organizar una respuesta institucional.
A esa carencia se suma la dificultad de acceder a recursos internacionales. Acevedo considera que los mecanismos de financiamiento climático son demasiado burocráticos y excluyen a numerosas organizaciones comunitarias.
«La arquitectura climática que se ha estado fortaleciendo es demasiado burocrática. No puedes aplicar directamente, el financiamiento no es accesible ni directo y, a veces, llega en forma de deuda y no de subvenciones», señaló.
Como ejemplo, explicó que las organizaciones colombianas que buscan recursos del Fondo Verde para el Clima deben presentar sus proyectos mediante la autoridad nacional designada. Esta instancia debe respaldar las propuestas, lo que puede dificultar el acceso cuando no responde a las solicitudes.
Las cifras de ONU Mujeres reflejan también la distancia entre los recursos disponibles y las necesidades. Los países en desarrollo reciben menos de un tercio del financiamiento climático que requieren y apenas 4% de la asistencia oficial para el desarrollo destinada a iniciativas climáticas prioriza la igualdad de género.
Mujeres impulsan respuestas entre Venezuela y Colombia
ONU Mujeres estima que una inversión adecuada permitiría que las mujeres ocupen hasta 66% de los nuevos empleos verdes. Esto representaría 68 millones de puestos adicionales para 2035.
Para Acevedo, las políticas climáticas también deben evaluarse por sus efectos en la vida cotidiana. Una medida para garantizar el acceso al agua, por ejemplo, debería permitir determinar cuánto tiempo de desplazamiento y recolección logra ahorrar a las mujeres.
Desde Barranquilla+20, la activista ha promovido encuentros entre mujeres de Colombia y Venezuela, incluidas migrantes venezolanas y colombianas retornadas.
La iniciativa busca fortalecer el intercambio de conocimientos y la cooperación entre comunidades que comparten ecosistemas y problemas ambientales. Entre ellos figuran las cuencas del Orinoco y la Amazonía, además de las aguas transfronterizas.
Acevedo considera que ambos países necesitan coordinar respuestas frente a la dependencia de los combustibles fósiles y la degradación ambiental. «Tenemos ecosistemas compartidos que desde un lado obviamente impactan al otro», advirtió.
