Delcy Rodríguez demanda a empresario que la acusó de financiar al PSOE con un sobre de Pdvsa. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, interpuso formalmente una querella criminal por el delito de injurias contra el comisionista español Víctor de Aldama este martes 10 de noviembre de 2026.
La mandataria interina activó el procedimiento judicial luego de que el empresario afirmara públicamente que ella le facilitó en mano un sobre con membrete de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) que presuntamente contenía documentación comprometedora sobre financiamiento irregular hacia el Partido Socialista Obrero Español (PSOE).
La negativa de conciliación en Madrid y el desglose de la querella
Al detallar los antecedentes del litigio ante las autoridades judiciales de la capital española, los representantes legales recordaron que el pasado 16 de julio ambas partes celebraron un acto formal de conciliación en una sede judicial madrileña.
En tal sentido, durante esa audiencia obligatoria el abogado de Aldama manifestó expresamente que su cliente ratificaba todas sus declaraciones y se negaba a retractarse de sus afirmaciones públicas contra la funcionaria venezolana.
A este respecto, Rodríguez decidió avanzar con la querella penal ante la postura inflexible del comisionista, buscando que un magistrado valore el dolo de sus aseveraciones.
Aunado a esto, los letrados defensores de la mandataria enfatizan que ella jamás tuvo conocimiento del citado sobre ni de los papeles que supuestamente guardaba en su interior, recalcando con firmeza que nunca entregó dicho paquete a Aldama.
Dicha bancada defensora argumenta con rigor que la sola existencia material del envoltorio no acredita de ninguna manera que la alta servidora venezolana lo suministrara de forma directa al empresario.
Asimismo, los juristas que representan a Rodríguez subrayan que la legislación penal española castiga las injurias graves con penas de multa pecuniaria que oscilan entre los 6 y los 14 meses de tasación diaria.
El prontuario del intermediario y la recolección de pruebas audiovisuales
Los antecedentes en el caso Koldo y la entrega del sobre en la Audiencia Nacional
Por otra parte, la figura de Víctor de Aldama arrastra un complejo historial en los tribunales anticorrupción de España debido a sus vínculos con contrataciones sanitarias.
El empresario acumula actualmente una condena firme de cuatro años y medio de prisión por incurrir en delitos de corrupción en adjudicaciones de mascarillas, aunque los tribunales mantienen dicha pena suspendida.
En consecuencia, el comisionista acudió en marzo pasado ante los magistrados de la Audiencia Nacional para consignar voluntariamente el controvertido sobre dentro del marco de instrucción del conocido caso Koldo.
Dicho investigado utilizó entonces ese documento para intentar desviar responsabilidades hacia la administración pública y comprometer a figuras del partido de gobierno en España con fondos foráneos.
De igual manera, los fiscales examinan con cautela cada testimonio del procesado, procurando corroborar si sus dichos responden a un intento por obtener atenuantes procesales en sus propios expedientes.
La solicitud de grabaciones televisivas a Cuatro y Telemadrid
Por añadidura, el juzgado competente en la capital española deberá emitir en los próximos días un dictamen preliminar donde decida formalmente si abre la investigación sobre la querella consignada.
Para sustentar la comisión del delito y constatar la difusión masiva de los agravios, el equipo jurídico de Rodríguez solicitó al estrado que reclame las grabaciones audiovisuales íntegras de las entrevistas que Aldama ofreció a los canales Telemadrid y Cuatro durante los días 4 y 5 de febrero.
En tal contexto, los abogados pretenden demostrar que el comisionista lanzó acusaciones dolosas ante millones de telespectadores sabiendo que carecía de pruebas fehacientes sobre la supuesta entrega del sobre.
Por otro lado, los medios ibéricos siguen con detalle la admisión del recurso para constatar si el tribunal cita a declarar nuevamente a los involucrados antes de cerrar el presente año judicial.
Con información de Infobae
