Valencia, 5 de noviembre de 2026-. 24 ONG denunciaron que el Gobierno interino debe derogar la ley contra el odio para ofrecer reparación integral a las víctimas.
La reforma de la Ley contra el Odio en Venezuela no convence a 24 organizaciones defensoras de derechos humanos, que advierten que los cambios mantienen restricciones a la libertad de expresión y no ofrecen reparación integral a las víctimas.
En un comunicado publicado este miércoles 4 de noviembre, organizaciones como Provea y Espacio Público cuestionaron el alcance de la modificación legislativa. También señalaron que la propuesta no contempla la liberación de presos políticos ni el cierre de los procesos judiciales abiertos bajo esta normativa.
Los colectivos consideran que la reforma mantiene medidas severas que imponen limitaciones «arbitrarias» al ejercicio legítimo de la libertad de expresión.
Además, alertaron sobre la permanencia de conceptos imprecisos que podrían facilitar nuevas interpretaciones discrecionales de la ley. Entre ellos mencionaron el término «hostigamiento», definido en función del «temor, angustia o zozobra» que provoque una conducta.
«Esta amplitud abre espacio a interpretaciones arbitrarias y permitiría castigar la crítica, el disenso o la difusión de información de interés público», advirtieron las organizaciones.
24 ONG denunciaron que el Gobierno interino debe derogar la ley contra el odio para ofrecer reparación integral a las víctimas
Las 24 organizaciones sostienen que modificar algunos aspectos de la normativa no resuelve los problemas que ha generado desde su aprobación.
Por ello, reiteraron su exigencia de derogar completamente la legislación. A su juicio, constituye un instrumento que restringe las libertades de expresión, opinión, información y asociación.
También denunciaron sus efectos sobre las garantías del debido proceso. Consideran que la reforma debería abordar las consecuencias que ha tenido la aplicación de esta norma sobre quienes fueron procesados.
La principal preocupación de los colectivos es que los cambios propuestos no garantizan una respuesta integral para las víctimas. Tampoco establecen medidas para resolver las causas judiciales relacionadas con acusaciones de incitación al odio.
¿Qué cambios propone el Parlamento venezolano?
El pronunciamiento de las ONG se produjo un día después de que la Asamblea Nacional aprobara en primera discusión la reforma de la Ley contra el Odio.
La modificación fue solicitada en septiembre por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Sin embargo, todavía debe superar una segunda discusión parlamentaria para convertirse en una reforma aprobada definitivamente.
El primer vicepresidente del Parlamento, Pedro Infante, explicó que la propuesta busca eliminar las penas de prisión y sustituirlas por multas y trabajo comunitario.
También plantea establecer procedimientos administrativos para aplicar la normativa. Entre los cambios anunciados figura la eliminación expresa de la revocación de concesiones a medios de comunicación.
La propuesta contempla igualmente sanciones económicas para quienes incumplan las disposiciones relacionadas con mensajes de odio en redes sociales.
Además, incluye exhortaciones a las organizaciones políticas para promover la convivencia democrática y la paz.
Sin embargo, estos planteamientos no han disipado las preocupaciones de las organizaciones defensoras de derechos humanos.
Al menos 927 personas fueron acusadas de incitación al odio
La Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia fue aprobada en noviembre de 2017.
La normativa recibió el respaldo de la Asamblea Nacional Constituyente, instalada ese año en paralelo al Parlamento, entonces mayoritariamente opositor.
Su aprobación ocurrió después de meses de crisis política y protestas antigubernamentales masivas en Venezuela.
Desde entonces, la aplicación de esta legislación ha generado denuncias de organizaciones nacionales e internacionales defensoras de derechos humanos.
Según cifras difundidas en septiembre por Foro Penal, al menos 927 personas fueron acusadas de incitación al odio desde la aprobación de la norma.
Esta cifra constituye uno de los principales elementos del debate sobre su reforma. Mientras el Parlamento plantea sustituir las penas de prisión por sanciones alternativas, las 24 organizaciones insisten en que los cambios son insuficientes.
