Valencia, 4 de noviembre de 2026-. Delsa Solórzano insistió en que se debe derogar la ley contra el odio y considera que reformarla no le quita el carácter «represivo».
La dirigente opositora Delsa Solórzano insistió este martes 3 de noviembre en que la Ley contra el Odio debe ser derogada en su totalidad. A su juicio, la reforma propuesta por el oficialismo no elimina el carácter represivo de una normativa que, según denunció, ha sido utilizada para perseguir a quienes piensan distinto.
El pronunciamiento fue difundido a través de su cuenta en la red social X, después de que la Asamblea Nacional aprobara en primera discusión una propuesta para modificar las sanciones contempladas en la legislación, vigente desde 2017.
La iniciativa plantea sustituir las penas de prisión por multas, trabajo comunitario y otras medidas administrativas. Sin embargo, Solórzano considera que esos cambios no resuelven los problemas de fondo de la ley.
«Reitero mi posición: la llamada Ley contra el Odio debe ser DEROGADA en su totalidad. La persecución no se reforma. Se elimina», expresó.
Delsa Solórzano insistió en que se debe derogar la ley contra el odio y considera que reformarla no le quita el carácter «represivo»
La dirigente sostuvo que los cuestionamientos a la Ley del Odio no se limitan a las condenas de hasta 20 años de prisión que contempla la normativa.
Según señaló, también deben revisarse las facultades que, a su juicio, permiten al Estado intervenir en el ejercicio de los derechos ciudadanos y perseguir a personas por sus posiciones políticas.
«Esta ley ha servido como instrumento de persecución contra quienes piensan distinto y vulnera derechos fundamentales consagrados en la Constitución», advirtió.
Solórzano considera que sustituir las penas de cárcel por sanciones económicas o comunitarias no elimina las disposiciones que cuestiona ni garantiza el respeto a las libertades fundamentales.
También critica la intervención en ámbitos sociales
La dirigente opositora también cuestionó artículos que, según su interpretación, amplían el control estatal sobre espacios que van más allá del debate político.
Entre ellos mencionó la familia, la educación y la organización de las comunidades. Además, señaló la incorporación de estructuras del denominado Poder Popular en la aplicación de la normativa.
Para Solórzano, modificar algunos artículos o cambiar el tipo de sanciones no corrige los cuestionamientos jurídicos y políticos que mantiene sobre la legislación.
«No subsana los vicios de una legislación contraria a los principios mismos del Estado de Derecho», subrayó.
La derogación, en el centro del debate
La posición de Solórzano se produce después de que el Parlamento iniciara la discusión de una reforma a la Ley contra el Odio, aprobada originalmente en 2017.
Mientras la propuesta legislativa plantea cambiar el régimen de sanciones, la dirigente insiste en que la única salida es eliminar completamente la normativa.
