Valencia, 30 de octubre de 2026-. Fedecámaras propone salario mínimo de $240 y sindicatos rechazan cambios que pudieran afectar sus derechos laborales.
El debate sobre el salario mínimo en Venezuela enfrenta nuevas diferencias entre el sector empresarial y las organizaciones sindicales. Fedecámaras plantea elevar progresivamente el ingreso mínimo legal hasta 240 dólares, mientras los trabajadores rechazan posibles cambios que reduzcan sus derechos laborales.
La discusión ocurre en un contexto en el que el salario mínimo permanece congelado en 130 bolívares desde marzo de 2022. Durante este período, el Ejecutivo ha recurrido al pago de bonos para complementar los ingresos, sin que estos tengan incidencia directa en las prestaciones sociales.
Las propuestas de empresarios y sindicatos también incluyen cambios en la legislación laboral, la inflación y el alcance de los beneficios que reciben los trabajadores.
Fedecámaras propone salario mínimo de $240 y sindicatos rechazan cambios que pudieran afectar sus derechos laborales
Celso Fantinel, tesorero de Fedecámaras, propuso que el ingreso mínimo legal aumente de manera progresiva. Como primera etapa, planteó llevarlo a 240 dólares, monto que, según indicó, representa el promedio que actualmente paga el sector privado a sus empleados.
Fantinel considera que la recuperación del poder adquisitivo requiere reducir la inflación a cifras de un solo dígito. También señaló la necesidad de modernizar la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT).
Entre los aspectos que cuestionó mencionó el régimen de inamovilidad laboral y el sistema de prestaciones. A su juicio, las condiciones actuales pueden desestimular la productividad.
La propuesta empresarial coloca sobre la mesa tanto el monto del ingreso mínimo como las reglas que regulan las relaciones laborales en el país.
Sindicatos rechazan cambios en prestaciones e inamovilidad
Las organizaciones sindicales agrupadas en la Confederación General de Trabajadores (CGT), Unete, Codesa y CUTV expresaron reservas frente a las propuestas empresariales e institucionales.
José Vicente Rivero, secretario ejecutivo de la CGT, calificó las mesas de trabajo actuales como un «falso diálogo». Además, cuestionó la política de otorgar «ingresos mínimos vitales» mediante bonos que no se incorporan al salario.
Las centrales sindicales exigen que los bonos entregados en los sectores público y privado tengan una incidencia del 100% en las prestaciones sociales.
También rechazaron cualquier intento de eliminar la inamovilidad laboral o modificar la retroactividad de las prestaciones. Según su posición, esos cambios afectarían las indemnizaciones de quienes acumulan más años de servicio.
Diferencias sobre el futuro de la legislación laboral
Las posiciones evidencian dos enfoques distintos sobre la recuperación de los ingresos y las condiciones de contratación.
Mientras Fedecámaras plantea aumentos progresivos y una revisión de la legislación laboral, las centrales sindicales priorizan que los pagos recibidos por los trabajadores tengan incidencia en sus beneficios.
El debate incluye así el monto del salario mínimo, el peso de los bonos y la protección de derechos adquiridos. Por ahora, las propuestas expuestas reflejan posiciones de los sectores involucrados, sin que se haya informado de un acuerdo entre empresarios y sindicatos.
