Cecodap documenta 483 niños fallecidos y más de 1.800 desplazados por los terremotos en Venezuela tras denunciar un vacío absoluto de cifras oficiales y una respuesta estatal tardía. El coordinador del programa de Buen Trato de la organización Cecodap, Carlos Trapani, presentó este jueves 22 de octubre de 2026 los resultados del tercer informe «Grietas en la Infancia». Dicho documento pericial expone la gravedad de los riesgos de protección, el quiebre de los entornos familiares y la ausencia de políticas integrales dirigidas a la niñez venezolana tras el desastre sísmico.
El especialista compartió los hallazgos en una entrevista transmitida por el programa radial A Tiempo, de Unión Radio, en la que cuestionó frontalmente el silencio gubernamental.
El saldo del informe de Cecodap y el vacío de registros del Estado
La investigación analizó minuciosamente una muestra focalizada de 3.267 infantes y adolescentes para evaluar las dimensiones de la tragedia:
- El balance documentó el lamentable deceso de 483 niños a causa de los derrumbes provocados por los eventos telúricos.
- El monitoreo determinó que 144 menores de edad continúan formalmente en condición de desaparecidos entre los escombros o sin paradero conocido.
- Un total de 1.811 infantes debieron desplazarse forzosamente hacia otros estados del territorio venezolano en busca de techo y sustento familiar.
- El abogado Trapani denunció con severidad el hermetismo de los entes del Ejecutivo: «Nuestra principal preocupación es que al día de hoy no hay ningún dato oficial en materia de infancia, desde el punto de vista del Estado, no hay ningún número de niños fallecidos, desaparecidos, separados de su familia o que han migrado a otros estados. Ese dato no existe».
- La ONG enfatizó la necesidad urgente de que las regiones receptoras adapten con rapidez sus aulas escolares, cupos pedagógicos y redes de servicios públicos para asimilar a los niños desplazados.
En tal sentido, los defensores de los derechos de la infancia advierten que sin censos oficiales resulta inviable canalizar tratamientos psicológicos para superar el duelo familiar.
A este respecto, diversos psicopedagogos recuerdan que la pérdida abrupta de viviendas y colegios genera traumas severos que exigen intervención profesional inmediata.
Aunado a esto, los comités comunitarios de ayuda intentan coordinar censos vecinales independientes para levantar listados de menores en orfandad.
Asimismo, los activistas de derechos humanos exhortan a los ministerios a transparentar de inmediato las listas de personas atendidas en centros hospitalarios.
Pérdida de infraestructura tutelar y mutación de la crisis
El colapso del Consejo de Protección en La Guaira
Por otra parte, la pérdida física de dependencias de custodia agravó el desamparo administrativo en las zonas más golpeadas.
Trapani explicó que el terremoto destruyó físicamente la sede del Consejo de Protección de La Guaira, dejando a la población costera sin despacho tutelar inmediato.
El vocero reconoció positivamente la rápida habilitación de un recinto sustituto por parte de las autoridades locales para atender casos de emergencia.
Sin embargo, el representante de Cecodap catalogó la respuesta integral del Estado como un mecanismo «tardío» y profundamente «fragmentado» frente a la catástrofe.
En consecuencia, cientos de trámites de colocación familiar y tutela temporal sufrieron demoras operativas en medio del caos habitacional.
De igual manera, los abogados de la organización señalan que la falta de articulación entre ministerios impide coordinar traslados seguros para los menores convalecientes.
La urgencia de acompañamiento continuo
Por añadidura, el portavoz institucional alertó que la etapa crítica dista mucho de haber concluido para las comunidades afectadas.
Trapani remarcó con énfasis que la crisis no ha desaparecido: «La emergencia no cesó, la emergencia mutó. Las personas afectadas por los terremotos requieren acompañamiento, requieren protección y más aún los niños, porque los niños han sido los grandes invisibilizados en el marco de esta tragedia».
Dicho panorama impone al Estado la obligación ineludible de asignar partidas presupuestarias extraordinarias para alimentos infantiles y reconstrucción escolar.
Por otro lado, los organismos internacionales de rescate insisten en monitorear los albergues para prevenir abusos contra los menores albergados.
De modo que las 483 muertes infantiles, los 144 desaparecidos, los 1.811 trasladados y la ausencia de estadísticas públicas retratan un escenario de máxima gravedad humanitaria.
Con información de Unión Radio
