PSUV rechaza la orden de arresto de Florida contra Raúl Castro por el derribo de avionetas en 1996 tras calificar el fallo como una «maniobra intimidatoria que busca asfixiar a Cuba». El Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) manifestó este miércoles 21 de octubre de 2026 su total solidaridad con el pueblo y las autoridades de Cuba.
En este sentido, la dirigencia partidista expresó su «firme rechazo» a la orden de detención que libró una corte del estado de Florida, en Estados Unidos, contra el expresidente y líder revolucionario Raúl Castro.
A través de un pronunciamiento emitido en Caracas, la organización oficialista catalogó la disposición como una «maniobra intimidatoria» desprovista de sustento legal real contra un dirigente de 95 años.
Calificación de maniobra política y el reclamo continental
El comité político del partido gobernante denunció que la acción procesal pretende vulnerar la libre autodeterminación caribeña:
- La dirigencia socialista sostuvo que el decreto judicial transgrede preceptos cardinales del derecho internacional y persigue socavar la soberanía de la República de Cuba.
- El documento vinculó directamente esta medida penal con el endurecimiento de las sanciones comerciales y una política de «asfixia material» aplicada desde enero de 2026 contra la isla.
- El partido oficialista solicitó una articulación diplomática inmediata entre los gobiernos de América Latina y el Caribe para exigir el levantamiento del bloqueo económico.
- La declaración cerró con una exhortación formal a respetar la independencia institucional y el destino político de la sociedad cubana.
- Las representaciones diplomáticas en la región tomaron nota del pronunciamiento caraqueño para evaluar posturas en foros multilaterales.
En tal sentido, los cuadros del partido alertan que el uso de juzgados locales para dirimir incidentes de soberanía aérea sienta un peligroso antecedente bilateral.
A este respecto, diversos juristas internacionales recuerdan que los estados soberanos gozan de inmunidad frente a la jurisdicción de tribunales extranjeros ordinarios.
Aunado a esto, las organizaciones sociales afines al oficialismo preparan actos de solidaridad en diversas plazas para respaldar al líder cubano.
Asimismo, los analistas de política exterior destacan que este reclamo busca cohesionar a los bloques regionales frente a las presiones de Washington.
Los cargos en Florida y el caso Hermanos al Rescate
La acusación de asesinato en primer grado
Por otra parte, la administración judicial del estado de Florida reactivó el expediente histórico para fijar responsabilidades penales.
La jueza presidenta del Undécimo Circuito Judicial de Florida, Ariana Fajardo Orshan, firmó formalmente la orden de captura, cuya difusión pública asumió el fiscal general James Uthmeier el lunes 19 de octubre.
El tribunal imputó a Castro el delito de conspiración para cometer asesinato en primer grado, fijando de manera categórica que el procesado no gozará del derecho a fianza.
Dicha acusación responde al derribo de dos avionetas civiles pertenecientes al grupo Hermanos al Rescate, suceso que cobró la vida de cuatro tripulantes el 24 de febrero de 1996.
El despacho fiscal argumentó que Castro, quien ocupaba el cargo de ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias durante los hechos, autorizó la orden final en la cadena de mando militar.
En consecuencia, el fiscal Uthmeier, cuya dependencia reabrió las pesquisas en marzo pasado, aseguró que mantendrán activos todos los mecanismos para sancionar a los involucrados.
De igual manera, los familiares de las víctimas en Miami acogen la decisión judicial como un paso largamente esperado en los tribunales estadounidenses.
La doble causa en cortes federales y estatales
Por añadidura, el fallo del circuito judicial se acopla a un expediente paralelo de mayor peso institucional en el país norteamericano.
Esta causa en el estado sureño complementa la imputación formal que el Departamento de Justicia de Estados Unidos introdujo en mayo contra el exgobernante y cinco exoficiales militares cubanos.
Aquel pliego federal contiene acusaciones específicas por asesinato, conspiración para quitar la vida a ciudadanos estadounidenses y destrucción deliberada de aeronaves en el espacio aéreo.
Castro reside permanentemente en Cuba a sus 95 años, situación que imposibilita la ejecución práctica de un arresto en territorio insular.
Por otro lado, los expertos afirman que estas medidas penales congelan de facto cualquier eventual acercamiento diplomático en el corto plazo.
De modo que el rechazo del PSUV, la orden de la jueza Fajardo, la imputación por el derribo de 1996 y la negativa de fianza configuran un tablero de alta tensión diplomática.
Con información de Alertas 24
