Delegación de la AN de 2015 articulan un plan de garantías con Provea, Cepaz y Fundaredes para frenar la ley que fiscaliza a las ONG y blindar la transición. La delegación de la Asamblea Nacional electa en 2015, encabezada por su presidenta Dinorah Figuera, sostuvo un encuentro decisivo con representantes de organizaciones no gubernamentales, fundaciones y asociaciones civiles este viernes 16 de octubre de 2026.
Dicho acercamiento se concretó durante la instalación de la Mesa Técnica de Garantías Políticas del proceso de diálogo, con el propósito medular de articular propuestas de reformas legales que garanticen la reinstitucionalización democrática de Venezuela.
La jornada congregó a los principales colectivos dedicados al amparo de las libertades civiles, la libertad de expresión, el acompañamiento a víctimas y la liberación de los presos políticos.
Delegación parlamentaria y las organizaciones participantes
El encuentro reunió a un amplio equipo de legisladores y a los voceros de las plataformas ciudadanas con mayor trayectoria en la defensa de los derechos ciudadanos:
- La comisión de diputados contó con la participación de Desiree Barboza, Elimar Díaz, Juan Miguel Matheus, Jorge Millán, Marco Aurelio Quiñónez, Julio César Moreno y Macario González.
- El secretario Alfredo Jimeno y el subsecretario Marco Bozo prestaron apoyo técnico en la sistematización de las propuestas presentadas en la sala.
- La mesa técnica sumó los aportes de Acceso a la Justicia, Justicia, Encuentro y Perdón, Justicia y Proceso, Civilis, Fundaredes y el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea).
- Los delegados de Espacio Público, Cepaz, Alimenta La Solidaridad, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPPVE) y la Fundación Juntos Se Puede expusieron sus diagnósticos de vulnerabilidad.
- La agenda bilateral abordó la urgencia de establecer pilares firmes que impidan cualquier repetición de transgresiones por parte de los organismos de seguridad.
En tal sentido, los equipos jurídicos de las organizaciones consignaron expedientes con recomendaciones concretas para blindar el accionar de la sociedad civil organizada.
A este respecto, diversos expertos en gobernabilidad señalan que ningún proceso de transición alcanza legitimidad sin la voz y el concurso activo de los defensores de víctimas.
Aunado a esto, los dirigentes parlamentarios reconocieron el valor testimonial que aportan los informes elaborados sobre detenciones arbitrarias y abusos sistemáticos en el territorio nacional.
Asimismo, los representantes de las asociaciones asistenciales destacaron que la cooperación humanitaria requiere canales fluidos y libres de trabas burocráticas para socorrer a las familias vulnerables.
Reclamos de Barboza y Figuera contra leyes restrictivas
El blindaje de la transición y el rol de las ONG
Por otra parte, las diputadas principales de la delegación fijaron posturas claras en torno a los desafíos que impone el rescate de las instituciones.
La coordinadora de la mesa técnica, Desiree Barboza, remarcó la meta estructural del trabajo conjunto: «Esta mesa técnica es sumamente importante para tener pilares fundamentales y blindar todo este proceso de transición, donde queremos que los venezolanos sientan que se está trabajando en la reinstitucionalización de nuestro país y de la democracia, garantizando que estos atropellos no se vuelvan a repetir».
La legisladora agradeció el sacrificio del activismo independiente y ratificó la necesidad de reconstruir la confianza ciudadana en un Estado de derecho auténtico.
La presidenta del parlamento, Dinorah Figuera, reivindicó la misión de las asociaciones: «Las organizaciones no gubernamentales significan el apoyo, el acompañamiento y el abrazo a los civiles en demanda de la defensa de los derechos humanos, la justicia y el camino hacia la reconciliación».
La máxima portavoz de la delegación denunció las normas punitivas: «Denunciamos que no pueden existir leyes coercitivas que traten de encajonar el derecho constitucional que tienen todas las asociaciones a existir. Mantenemos nuestro compromiso firme de defender sus derechos».
En consecuencia, los voceros parlamentarios incluyeron en su pliego la crisis del sistema de salud pública, el colapso de los servicios esenciales y la liberación inmediata de los presos por razones de conciencia.
De igual manera, los representantes civiles advirtieron que la normalización democrática exige el cese del hostigamiento judicial y la anulación de procesos penales espurios contra el activismo.
Exigencia de derogación de la ley de fiscalización
Por añadidura, el plenario de organizaciones demandó la revisión exhaustiva del marco normativo vigente.
Los participantes exigieron modificar o derogar la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Organizaciones Sociales sin Fines de Lucro.
Dicha norma, según denunciaron los activistas durante la cita, asfixia las operaciones cotidianas de las fundaciones y limita el financiamiento indispensable para la asistencia humanitaria.
Las ONG enfatizaron que necesitan salvaguardas claras para continuar con la documentación de violaciones y el auxilio médico y alimentario a la población.
Por otro lado, los diputados de la AN de 2015 aseguraron que llevarán estas peticiones puntuales como condición innegociable dentro de las discusiones plenarias del diálogo.
De modo que la presencia de Figuera y Barboza, la participación de Provea y Cepaz, el reclamo contra la ley de fiscalización y el compromiso con los presos políticos definen una agenda fundamental de exigencias ciudadanas.
Con información de Alberto News
