Médicos en Texas extraen una bala de la columna al repartidor venezolano Wilber Garcés tras recibir un disparo del ICE al tiempo que la fiscalía le imputa cargos de 20 años de prisión. Bajo la intensa controversia nacional que suscitan las tácticas de interdicción migratoria y las denuncias sobre el uso desmedido de la fuerza en los operativos impulsados por el presidente republicano Donald Trump, un equipo de cirujanos en el estado de Texas extrajo este jueves 1 de octubre de 2026 la bala que el ciudadano venezolano Wilber Garcés llevó alojada cerca de la columna vertebral desde el 20 de septiembre.
El joven repartidor, de 28 años, recibió el impacto por la espalda durante un procedimiento que ejecutaron oficiales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en la localidad de Austin mientras conducía su automóvil de trabajo.
El miércoles anterior, un magistrado federal ordenó mantenerlo bajo custodia criminal en un penal federal tras rechazar su solicitud de fianza.
Intervención médica y acusaciones de represalia oficial
La organización civil Proyecto de Derechos Civiles de Texas (TCRP), integrante del equipo legal del indiciado, difundió un comunicado institucional para actualizar el estado del paciente.
Los voceros confirmaron que los facultativos completaron la extracción del proyectil sin complicaciones y mantienen al connacional bajo observación postoperatoria:
«Hoy (jueves) fue operado y se encuentra en recuperación».
En tal sentido, la fiscalía presentó cargos formales contra el transportista por agresión, resistencia, obstrucción e impedimento a la autoridad federal, tipos delictivos que contemplan penas de hasta 20 años de reclusión.
A este respecto, su abogada defensora, Kate Lincoln-Goldfinch, rechazó las imputaciones a través de sus canales digitales y afirmó que la parte acusadora fabrica estos expedientes para intimidar:
«Estos son cargos que el gobierno suele utilizar como represalia contra personas que se han resistido, protestado o han sido agredidas por el ICE. Existen numerosos ejemplos de esto».
Asimismo, diversas plataformas humanitarias y congresistas del Partido Demócrata han censurado reiteradamente la letalidad de las redadas urbanas del gobierno federal.
Aunado a esto, las autoridades penitenciarias trasladaron a Garcés desde las dependencias del ICE hacia una celda en una cárcel federal de máxima seguridad.
El choque en Austin, versiones encontradas y el vacío de las grabaciones
El dictamen del juez y la justificación de los agentes
Por otra parte, el juez federal Dustin Howell denegó el beneficio de excarcelación bajo fianza durante la vista del miércoles argumentando un supuesto riesgo procesal de fuga.
El funcionario judicial sustentó su decisión en un registro visual donde presuntamente el conductor huye del control de tránsito e impacta con su carro a un oficial:
- El informe policial sostiene que Garcés evadió el retén inicial golpeando a un uniformado con el espejo retrovisor.
- El agente de iniciales L.G. alegó que el chofer intentó atropellarlo al ser alcanzado, motivo por el cual accionó su arma de reglamento.
- La versión del procesado sostiene en cambio que pidió estacionar en una zona segura para entregarse, pero los uniformados lo embistieron y le dispararon por la espalda.
En consecuencia, los juristas del TCRP señalan que la mecánica de la herida en la espalda contradice abiertamente la hipótesis de un ataque frontal con el vehículo.
De igual manera, activistas comunitarios de Austin exigen desclasificar todos los registros audiovisuales para transparentar la actuación del escuadrón migratorio.
Inconsistencias en las cámaras corporales
Por añadidura, el equipo legal del venezolano identificó fallas graves en la custodia de las evidencias visuales presentadas por los investigadores.
La organización TCRP denunció la ausencia deliberada de material audiovisual durante el instante más crítico del suceso:
«El testimonio del investigador del gobierno plantea serias dudas. Según él, L.G., el agente que disparó, no llevaba cámara corporal. D.F., el otro agente que persiguió a Wilber, apagó su cámara a mitad del encuentro, antes de hablar con su compañero, por lo que no tenemos constancia de la conversación. El público se queda sin un relato completo de cómo terminó esto en un tiroteo».
Por otro lado, los expertos en derechos civiles insisten en que la desconexión del dispositivo viola las normativas de transparencia obligatorias para las agencias del orden público.
De modo que el tribunal deberá evaluar peritajes independientes de balística y reconstrucción de hechos para definir la suerte judicial del venezolano.
Con información de AFP
