El 20 de enero de 2027 dictarán la condena contra Alex Saab en Estados Unidos tras declararse culpable por lavado de dinero. En un giro trascendental dentro de las investigaciones judiciales que adelanta la justicia norteamericana sobre tramas de corrupción financiera, el exministro venezolano Alex Saab, a quien las autoridades estadounidenses señalan como presunto testaferro del depuesto presidente Nicolás Maduro, conocerá su sentencia penal el 20 de enero de 2027 tras alcanzar un acuerdo formal con la Fiscalía federal y declararse culpable por el delito de conspiración para el lavado de dinero.
En este contexto, la jueza Kathleen M. Williams pautó este miércoles 16 de septiembre de 2026 la fecha y hora de la audiencia condenatoria en la corte del Distrito Sur de Florida, marcando un hito definitivo en el proceso que encara el antiguo titular de la cartera de Industria y Producción Nacional.
Pena máxima latente y el compromiso de colaboración con el Departamento de Justicia
Pese a que la providencia inicial reserva detalles procesales específicos, la jueza Williams advirtió al exfuncionario sobre las consecuencias penales de su decisión.
La magistrada recordó a Saab que el delito confeso acarrea una condena máxima de hasta 20 años de privación de libertad y el pago de una sanción económica de hasta 500.000 dólares.
A cambio de suministrar información certera sobre sus colaboradores, grupo que abarca a altos miembros del Gobierno venezolano —aunque el documento omite nombrar directamente a Maduro—, los fiscales del Departamento de Justicia (DOJ) accedieron a solicitar una rebaja de condena ante el tribunal.
No obstante, la Fiscalía advirtió taxativamente que ese beneficio dependerá en forma estricta de la calidad, peso y utilidad real de los testimonios que aporte.
En su declaración de culpabilidad, el acusado admitió que en 2015 articuló con altos cargos públicos un entramado ilícito fundamentado en el cobro de sobornos y pagos ilegales derivados de los contratos de importación para el Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP), movilizando fondos hacia cuentas en el sur del estado de Florida.
Decomiso millonario, compromisos procesales y antecedentes judiciales
Entrega de 195 millones de dólares y pruebas documentales
Por otra parte, el empresario de origen colombiano y de 54 años, a quien las autoridades deportaron a territorio estadounidense en mayo pasado, aceptó cooperar de manera irrestricta con las agencias federales, comprometiéndose a testificar y consignar registros contables, documentos probatorios y expedientes en cualquier juicio donde los fiscales requieran su comparencia. Aunado a esto, las cláusulas del documento judicial imponen condiciones severas de honestidad:
«Asimismo, el procesado acuerda que no protegerá a ninguna persona o entidad mediante información falsa u omisión, que no implicará falsamente a ninguna persona o entidad, y que no cometerá ningún otro delito».
Paralelamente, el procesado consintió el decomiso de 195 millones de dólares, además de diversos bienes inmuebles e inversiones originadas en actividades delictivas, disponiendo de un lapso perentorio de catorce días continuos para consignar el inventario exhaustivo de sus posesiones ante los fiscales.
El precedente del canje de prisioneros en 2023
De igual forma, este acuerdo penal reactiva el expediente que el exministro sorteó temporalmente en la corte de Miami, donde ya había enfrentado acusaciones por legitimación de capitales antes de que la administración de Joe Biden le otorgara la libertad en 2023 en el marco de un canje humanitario por diez reclusos estadounidenses bajo custodia en Venezuela.
Con información de EFE
