Grupos armados ilegales crecieron un 90% en Colombia durante el mandato de Petro mientras organizaciones de derechos humanos alertan al nuevo gobierno sobre el colapso territorial. El pie de fuerza de los grupos armados irregulares en Colombia experimentó una expansión global del 90 % durante el periodo presidencial de Gustavo Petro (2022-2026), de acuerdo con los resultados de una rigurosa investigación técnica presentada este jueves 10 de septiembre de 2026 por una coalición de organizaciones no gubernamentales y plataformas de derechos humanos.
Asimismo, el balance documentado confirma una profunda degradación de las condiciones de seguridad en las regiones periféricas, donde las estructuras narcoparamilitares y las disidencias guerrilleras consolidaron corredores geoestratégicos y captaron miles de nuevos combatientes.
El estudio cuestiona las falencias metodológicas de la política de «paz total» del anterior Ejecutivo y traslada un exhorto urgente a la naciente administración de Abelardo de la Espriella para no abandonar las vías de concertación integral ni limitarse a la confrontación bélica tradicional.
Duplicación del pie de fuerza irregular y avance municipal del Clan del Golfo y disidencias
En primer lugar, el relevamiento fue estructurado y divulgado conjuntamente por la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos (CCEEU) y la Alianza de Organizaciones Sociales y Afines, bloque civil que aglutina a 125 entidades defensoras en todo el territorio colombiano.
En este sentido, los registros cuantitativos precisan que el censo global de combatientes en organizaciones al margen de la ley pasó de 15.120 integrantes en diciembre de 2022 a un consolidado de 28.802 efectivos en julio de 2026.
Conforme al diagnóstico de las 125 organizaciones civiles, el Clan del Golfo se consolidó como la estructura criminal con mayor despliegue al registrar un alza del 152 % en sus filas, extendiendo su hegemonía o injerencia armada a 429 de los 1.103 municipios de Colombia, lo que equivale al 38,8 % de la geografía nacional.
Las distintas facciones de las disidencias de las extintas FARC incrementaron su membresía en un 109 %, logrando operar en 376 municipios para cubrir un 34 % del suelo colombiano, destacando que la Segunda Marquetalia —liderada por alias Iván Márquez— creció de forma individual un 108 %. En el caso de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), el reporte documentó un alza del 22 % en su pie de fuerza.
De manera paralela, la intensidad bélica cobró un alto saldo civil: entre enero y agosto de 2025 se contabilizaron 544 muertes por detonación de artefactos explosivos, un repunte del 145 %.
Balance contra liderazgos comunitarios y reparos de fondo a la «paz total»
Homicidios, desapariciones y agresiones a defensores sociales
Por su parte, la investigación analizó el impacto del fortalecimiento armado sobre los líderes comunitarios y defensores de derechos humanos, registrando 3.115 hechos de hostigamiento o agresiones durante el cuatrienio de Petro, frente a los 3.544 eventos computados en la gestión de Iván Duque (2018-2022).
Aunque el volumen general de ataques cedió un 12 %, la letalidad se mantuvo inalterable con 618 asesinatos documentados, mientras que las desapariciones forzadas sufrieron una escalada del 34 % al totalizar 78 casos en el lapso evaluado.
Exhorto a la administración de De la Espriella y salida política
Al respecto, el colectivo de derechos humanos criticó con dureza el diseño de la «paz total» impulsada por el anterior mandatario al señalar que «no logró consolidar resultados sostenibles en los territorios» debido a graves descoordinaciones burocráticas y a la resistencia armada de las mafias: «El balance de la paz conduce así a una conclusión central: el fracaso de varios procesos de negociación no demuestra que una estrategia predominantemente militar pueda resolver el conflicto».
Las entidades instaron formalmente al nuevo presidente, Abelardo de la Espriella, a preservar los avances democráticos y las garantías de vida, advirtiendo que «la construcción de paz sigue requiriendo negociación política, inversión social sostenida, transformación territorial, desmantelamiento del paramilitarismo y sus redes de apoyo y garantías de verdad, justicia y reparación».
Con información de EFE
